26 de julio de 2017
26.07.2017

Junta y sindicatos acuerdan mejoras para los funcionarios por valor de 4 millones

El Ejecutivo autonómico recuperará el complemento por baja laboral y primará a los que ocupen aquellos puestos de difícil cobertura

31.07.2017 | 17:33
José Antonio de Santiago-Juárez, a la derecha, junto a representantes sindicales de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO firmaron ayer un acuerdo de mejoras laborales de los empleados públicos de la Administración autonómica que supondrán un coste de cerca de cuatro millones de euros, e implicarán la recuperación del complemento por baja laboral, la reducción de los puestos de libre designación y la puesta en marcha del concurso de traslados abierto y permanente. Así lo señaló el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la rúbrica del acuerdo con los responsables de la materia en Castilla y León de los sindicatos CSIF, Carlos Hernando; UGT, Carmen Amez, y CC OO, Juan Carlos López. Este pacto, según De Santiago-Juárez, avanza en la recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos y en la modernización de la administración autonómica.

En concreto, el acuerdo establece que los empleados públicos recuperen el complemento por incapacidad temporal que, hasta ahora, les reducía el salario cuando estaban de baja laboral excepto por enfermedades graves. Ahora, añadió el vicepresidente y consejero, se ampliará el catálogo de enfermedades y volverán a cobrar el cien por cien de su salario, excepto en dolencias muy leves como, por ejemplo, un resfriado. Tendrá que estar acordado antes del 30 de septiembre.

Además, explicó que se da "un paso más" y en 2019 se recuperará en el presupuesto destinar entre un 40 y un 50 por ciento para la acción social de los empleados públicos como gastos de gafas y dentista, por ejemplo.

En cuanto a la modernización de la administración, recordó que se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a través del cual se convoca un concurso abierto y permanente en el mes de marzo, lo que provocará que se liberen muchos puestos para mejorar la carrera profesional de los funcionarios.

También, se suprimirá un 31% de los puestos de libre disposición, que supondrán 387 puestos y un 28% (374) de los concursos específicos para que los empleados públicos puedan mejorar su carrera. Estos aspectos que tendrán que estar cerrados antes del 31 de diciembre también para definir los puestos de trabajo ultraperiféricos que resultan difíciles de cubrir y que son tan necesarios en el mundo rural.

El acuerdo establece también la reducción del número de vacantes y de la tasa de temporalidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando al máximo las tasas de reposición y marcar como objetivo que todas las tasas de reposición sean del cien por cien en toda la administración de la comunidad.

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