El letrado del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exconsejero de Economía Tomás Villanueva ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valladolid en el que se le citaba a declarar como investigado en el caso conocido como "perla negra".
En las diligencias abiertas por este caso se investigan supuestas irregularidades en la adquisición del edificio de Soluciones Empresariales situado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
El recurso, al que ha tenido acceso "Efe", solicita la "suspensión de la ejecución del auto recurrido" en cuanto a la adopción de medidas de averiguación patrimonial y desglosa sus argumentos en los apartados vinculados con el edificio de Soluciones Empresariales, la investigación sobre la adquisición de terrenos de Portillo y en relación con la empresa Unifica Servicios Empresariales y se refiere a la prohibición de una investigación penal prospectiva.
Sobre Soluciones Empresariales, considera que durante tres años y siete meses se han instruido diligencias previas "sin atribuir a quien fue consejero de Economía la condición de investigado" y pone de manifiesto que "ahora esa situación jurídica se ha visto alterada".
Por otro lado, la Junta de Castilla y León solicita que se abran cuatro piezas separadas en el caso que investiga el alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, la división del inmueble, la adquisición de los terrenos del parque empresarial de Portillo y el alquiler de la sede del Gobierno autonómico en Bruselas, según informaron a Ical fuentes judiciales.
En ese sentido, la letrada de la Consejería de Economía y Hacienda, que ejerce la acusación particular por el mobiliario y división del Edificio de Arroyo, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que investiga estos hechos, en el que pide la formación de cuatro piezas separadas con la "finalidad indiscutible de agilizar y activar el procedimiento".
Asimismo, la abogada de la Junta recuerda al titular del juzgado que la causa se incoó en octubre de 2013, por lo que en unos meses se alcanzarán los cuatro años de tramitación sin que hayan prestado declaración los que figuraron "en un primer momento como principales imputados".
