El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, consideró como un caso de "corrupción de personas", y no de instituciones y administraciones, el presunto cobro de comisiones por la autorización de parques eólicos, que investiga la justicia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que pidió "perdón por anticipado" por estos hechos, que consideró de "enorme gravedad".
El jefe del Ejecutivo autonómico, que compareció a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, aseguró que la Junta no tuvo conocimiento de estos hechos hasta que un medio nacional difundió el 20 de abril de 2015 datos de un informe de la Agencia Tributaria, que detectó movimientos "injustificados" de dinero y bienes, que relacionó con los permisos otorgados por un exalto cargo de la Junta, el exviceconsejero Rafael Delgado, a instalaciones eólicas.
Asimismo, Herrera defendió como "plenamente legal" el procedimiento administrativo y de avocación de la competencia sobre la autorización de instalaciones eólicas, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, y sostuvo que el "problema" fue el "mal uso" de esta figura para cometer actuaciones presuntamente ilícitas.
También consideró que es una "barbaridad" sostener que la normativa se redactó con la intención de facilitar la comisión de actos delictivos.
En ese sentido, Herrera, que expresó el "absoluto" respeto y confianza en la justicia y aseguró que solo disponen de los datos publicados por los medios de comunicación, algo que calificó de "paradoja", reiteró que la Junta no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta hace dos años, ya que señaló que ninguna autoridad tributaria o judicial se puso en contacto con el Ejecutivo para denunciar estos hechos, que vinculó con actuaciones "exteriores", realizadas "en paralelo" al procedimiento.
Herrera, que reclamó una sanción para los acusados si se demuestra la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, pidió perdón por una "mala actuación" y lamentó "profundamente" que se investiguen unos hechos "contrarios" a la voluntad de asentar el Gobierno de la comunidad sobre los principios legales y éticos "irreprochables", aunque recalcó que no hubo "malversación de dinero público".
"Me alegro de que el Estado de derecho cuente con instrumentos para detectarlos y conocerlos y de que la justicia esté actuando ya", dijo Herrera sobre los pasos dados por la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella contra 21 investigados, entre ellos el exviceconsejero Rafael Delgado y Alberto Esgueva, que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, donde está citado mañana el primero y donde la Junta no ejercerá la acusación particular al ser rechazada su personación en dos ocasiones. Además, añadió, que es la mejor forma de que los ciudadanos puedan mantener su confianza en la "honorabilidad y honestidad" de la mayoría de los responsables públicos.
El presidente de la Junta defendió el procedimiento administrativo "complejo y garantista" seguido por la Junta ante la "avalancha" de solicitudes, más de 2.000 entre 2005 y 2015, y recalcó que no se recibió ninguna denuncia sobre las condiciones ilegales que presuntamente se exigían para conceder la autorización. Destacó las "múltiples y sucesivas" procesos de información pública a los que se sometieron los expedientes, aportando transparencia.
El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía y Hacienda, Javier Izquierdo, pidió directamente la dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante los hechos delictivos de la "trama eólica" por "no vigilar el charco de ranas" en sus nombramientos, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, le preguntó qué hace como presidente "si no supo, ni conoció, ni vigiló".
Ambos parlamentarios incidieron en pedir responsabilidades políticas al presidente de la Junta por "in eligendo" e "in vigilando" tras conocerse la investigación judicial de 21 personas.
"Exijo que asuma responsabilidades políticas por este caso (las eólicas) y otros y dimita como presidente de la Junta", reclamó Izquierdo al acabar la intervención de Herrera. En el concepto de "in eligendo", mencionó a los exconsejeros Tomás Villanueva, María Jesús Ruiz y al actual de Empleo y anterior de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, así como a otros exaltos cargos. "Debe dimitir, algunos de sus nombramientos le salieron rana", aseveró.
En su intervención final, Pablo Fernández esgrimió también su responsabilidad "in eligendo" e "in vigilando" y concluyó así: "Si era presidente y no supo, ni conoció, ni vigiló, ¿qué hace como presidente de la comunidad autónoma". Ni José Sarrión (IU) ni José Ignacio Delgado (Ciudadanos) apuntaron directamente a Herrera, mientras que Raúl de la Hoz (PP) defendió que no se podían conocer los hechos delictivos de la querella por la tramitación administrativa, que fue legal, sino que en paralelo hubo otra, revelada por la Agencia Tributaria tras un movimiento de dinero.
El presidente de la Junta replicó que ninguno de los tres consejeros mencionados por el socialista están citados en la querella -base de la investigación-, y criticó que el PSOE plantee un "juicio sumarísimo" cuando entre los investigados no hay ningún miembro del PP.
