La Fiscalía de Valladolid ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 2, encargado de investigar el caso de presuntos sobrecostes en la adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo, más conocido como "La Perla Negra", el fallido polígono de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, en el que imputa al que fuera consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, la comisión de un "rosario" de delitos.
La acusadora entiende que los hechos imputados a Villanueva revisten caracteres de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, sin que sea descartable la posible comisión de un delito de cohecho y blanqueo de capitales.
Además, sostiene que la investigación patrimonial realizada al segundo de abordo de Villanueva, Rafael Delgado, evidencia la disposición de cantidades de dinero que no guardan concordancia con sus ingresos como miembro de la Administración autonómica y muestra claros indicios de blanqueo de capitales y cohecho y los anteriormente imputados a su entonces jefe.
El citado informe, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, recuerda en primer lugar que el 6 de junio vence el plazo de instrucción y solicita una prórroga de la misma por un periodo de 18 meses, tras advertir de que faltan por recibirse y completarse multitud de informes y pruebas, al tiempo que interesa que se ponga en conocimiento del ex consejero de Economía la existencia del presente procedimiento por su participación en el alquiler y posterior compra de "La Perla Negra", la adquisición de terrenos en Portillo y los hechos relacionados con la empresa Unifica Servicios Integrales, adjudicataria directa de suministros y obras en la cafetería, restaurante y guardería del edificio de Arroyo.
En este contexto, y aunque hasta la fecha Villanueva no había sido citado en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 2, el escrito de la Fiscalía de Valladolid, al que ha respondido el juez titular con una providencia dando cuenta del mismo a las distintas partes personadas para que se pronuncien sobre la posible prórroga de las diligencias, hace presuponer que el que fuera consejero de Economía y Empleo será llamado a declarar, lo más probable que en calidad de investigado.
