La abstención del PP en el pleno de las Cortes de Castilla y León ha permitido sacar adelante una iniciativa de Podemos, que apoyó el PSOE, para reclamar que se constituya una comisión de investigación parlamentaria para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013.

La proposición no de ley que ha sido aprobada también reclama la realización de una investigación exhaustiva e independiente sobre el siniestro, que siga las recomendaciones de la Agencia Ferroviaria Europea -organismo que ha criticado las conclusiones de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)-. De esta manera, las Cortes de Castilla y León se convierten en la primera Cámara autonómica en aprobar estas dos solicitudes.

En su intervención, el procurador del PP Alfonso García Vicente ha reconocido que las víctimas merecen "respuestas ciertas" a las causas directas e indirectas que provocaron el descarrilamiento en la curva de A Grandeira, que supuso 80 muertos -11 de ellos de Castilla y León, dos de Zamora- y 144 heridos. El popular ha apostado por "depurar las responsabilidades oportunas" pero sin caer en la "tentación barata" de "sacar tajada política" de un asunto que, en su opinión, tendría que tener unidos a todos los grupos. "Es algo muy simple, queremos la verdad y terminar con la impunidad que hay en este país", argumentaba el portavoz de Podemos Pablo Fernández, en la defensa de esta iniciativa redactada "de la mano" con el grupo mixto para recoger las demandas de la plataforma de víctimas del accidente. Fernández ha asegurado sentir "asco, vergüenza y repugnancia" por la falta de asunción de responsabilidades políticas en todo este asunto y cargó en concreto contra Ana Pastor, José Blanco y Rafael Catalá, al que ha llegado a llamar "impresentable" por sus declaraciones tres días después del siniestro, advirtiendo de que podía perjudicar los negocios de España.

Al término de la sesión plenaria, uno de los portavoces la plataforma de víctimas, Javier García, manifestó sentirse "orgulloso" de Castilla y León, al convertirse en el primer parlamento autonómico que respalda sus demandas.

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer con los votos en contra del Grupo popular una proposición consensuada por el resto de los partidos de la oposición y presentada por el PSOE para, entre otras cosas, recuperar progresivamente los niveles de gasto en Educación del año 2009.

El encargado de presentar esta proposición no de Ley fue el procurador del PSOE Fernando de Pablos, quien expuso el "penoso" panorama por el que pasan a diario los docentes.