Los votos de los 42 procuradores del PP y la abstención de los cinco de Ciudadanos sirvieron ayer para aprobar en las Cortes el límite de gasto no financiero de 2017, cifrado en 9.159 millones -250 millones y el 2,8% más que en 2016-, mientras que el resto de grupos de la oposición ha votado en contra.
El debate parlamentario sobre el denominado "techo de gasto" se inició con la intervención de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien reclamó "a todos" los grupos "facilitar el proceso" que lleve a disponer de unos Presupuestos Generales de la Comunidad en 2017. La consejera hizo alusión a la necesidad de que el Grupo Popular, con 42 procuradores, necesita en esta legislatura al menos de la abstención de un procurador de otro grupo parlamentario para que este "techo de gasto" salga adelante y arranque así la maquinaria administrativa para tramitar el proyecto de ley de Presupuestos, lo que ha ocurrido finalmente con los cinco parlamentarios de C's.
El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel era el encargado de anunciar en el Pleno lo que su portavoz, Luis Fuentes, había anticipado instantes antes en lo pasillos de las Cortes: que su grupo se iba a abstener "para garantizar que este trámite se solventa a la primera", en palabras del parlamentario leonés.
Por su parte, el portavoz socialista de Hacienda, José Francisco Martín, denunció las "mentiras y cobardía" que en su opinión se ocultan en la presentación del "techo de gasto" para 2017.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lamentó que el "techo de gasto" sea una especie de "eterno retorno a la austeridad, la precariedad y el deterioro de lo público", basado en anteponer el límite de déficit a los ciudadanos para proteger a los bancos alemanes que compran la deuda pública española, en referencia a la reforma del artículo 135 de la Constitución pactada por el PP y el PSOE.
Además, el Pleno de la Cortes aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la que se insta a la Junta la actualización del protocolo de intervención en los casos de acoso escolar con el objetivo de incorporar los que se realizan a través de Internet y de las redes sociales. La procuradora popular María Isabel Blanco argumentó que para mejorar la eficacia del actual protocolo establecido la Consejería de Educación es necesario su actualización para hacer frente al "ciberacoso". Además, resaltó que en el último curso se registró en la comunidad un incremento de los casos de acoso, hasta los 51.
