El "impuesto dulce" que ha impuesto el Gobierno de Rajoy abre un nuevo frente con Castilla y León. El Gobierno de Castilla y León considera lesivo para la economía de esta comunidad autónoma el anuncio del Estado de un gravamen sobre las bebidas azucaradas, ante el que ha propuesto "medidas sanitarias y no impositivas", afirmó la portavoz de la Junta, Milagros Marcos.
"La protección de la salud nos parece razonable, los hábitos de vida sana y el no sedentarismo, pero a través de medidas sanitarias y no impositivas", analizó Marcos, portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de Castilla y León, celebrada en Valladolid.
Esta comunidad autónoma produce el 85 por ciento de la remolacha que se moltura en España para la producción de azúcar, un sector que emplea a unas 6.000 personas entre agricultores e industria transformadora, además de los puestos de trabajo indirectos, en su mayor parte radicados en el ámbito rural, recordó.
La portavoz y consejera también llamaba la atención sobre un sector, el azucarero, que en los últimos años se ha enfrentado a una "gran reestructuración" principalmente en forma de cierre de fábricas y de limitación a una cuota de producción que finalizará el año próximo.
Milagros Marcos lamentó este impuesto cuando el sector de la remolacha azucarera se encuentra a punto de despedir esa cuota.
