Los Letrados de las Cortes de Castilla y León han alertado por medio de varios informes de que el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos presenta "carencias de técnica legislativa" como la que lleva a que, en contraste con la norma estatal, pueda nombrarse alto cargo a un "golpista". Este documento, cuestiona que el proyecto de ley autonómico limite a los delitos contra la Administración los casos por los que un funcionario no puede ser nombrado alto cargo, mientras que la ley estatal es más expansiva e incluye casos como la falsedad, contra la libertad, contra la Constitución y contra el orden público, en especial el terrorismo. "Según el proyecto puede ser nombrado alto cargo un funcionario condenado por detención ilegal, un juez prevaricador, un condenado por delito de rebelión, por delitos de terrorismo", y añade que esta circunstancia concede un argumento para "nombrar a personas en las que no concurre la honorabilidad".
