27 de octubre de 2016
27.10.2016

Las Cortes aprueban la ley que protege a los funcionarios que denuncien corrupción

La oposición, excepto Ciudadanos, considera que "se amenaza y persigue" a los empleados públicos que desvelen delitos contra la Administración

28.10.2016 | 00:38
Un momento de la votación de ayer en las Cortes.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la ley de garantías para los informantes de malas prácticas en el ámbito de la Administración de la comunidad, calificada de "pionera" por el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, mientras que la oposición, excepto C's, criticó que no se mantuviera el espíritu inicial y estimó que nace "muerta" y será una norma de "amenaza y persecución" para los empleados públicos que comuniquen presuntos hechos de corrupción.

El acuerdo entre PP y Ciudadanos motivó la aprobación de la ley conocida como Whistleblowing o "tocar el silbato", frente al voto en contra de PSOE, Podemos, IU y UPL -mantuvieron 38 enmiendas, todas rechazadas- que coincidieron en que sea el Procurador del Común quien investigue la denuncia y no la Inspección General de Servicios de la Junta y que no "se amenace" con una falta grave ante una denuncia falsa.

Falta grave

En la presentación del proyecto de ley, el vicepresidente y consejero de la Presidencia destacó que no existe en el ámbito público español una norma de protección y garantías para los empleados públicos que denuncien presuntas prácticas de corrupción como la presentada y subrayó que las denuncias falsas o sin fundamento se consideran faltas graves frente a Aragón -única que ha presentado un Estatuto del Denunciante-, donde puede derivar en responsabilidades penales.

De Santiago-Juárez detalló el contenido de la norma y defendió, después de recordar que no estaba en el programa del PP y se aprueba a instancia de Ciudadanos, que el objetivo es avanzar en la regeneración democrática y la transparencia y prevenir conductas contrarias al interés general, con garantías para dar seguridad a los empleados públicos.

"Si esta noche los corruptos duermen menos tranquilos y los empleados públicos más tranquilos, nos sentiremos útiles", defendió el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes. El popular Juan José Sanz Vitorio, satisfecho con el acuerdo con Ciudadanos, recordó que la ley nace una proposición no de ley del grupo naranja sobre la que la Junta ha tenido una voluntad política

El socialista Luis Briones se mostró "muy decepcionado" con Ciudadanos porque el espíritu inicial no se comparte, aseveró.

"Estamos decepcionados de como se ha tramitado, compartíamos el espíritu", reprochó la procuradora de Podemos Natalia del Barrio, que mantuvo vivas cinco enmiendas, pero que calificó de "persecución" como se regulan las denuncias falsas.

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