Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la regulación que obliga por ley a las gasolineras a disponer al menos de un trabajador, debidamente formado, mientras permanezcan abiertas y en servicio, en lo que se excluye a las cooperativas agrarias cuando vendan a sus socios. El texto contó con el voto en contra de Ciudadanos, que no ve que esté motivado y la abstención de UPL al no recogerse su enmienda. La proposición de ley fue presentada ante el plenario por el popular Salvador Cruz, que apeló a la mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al favorecer las reclamaciones y demandas, a facilitar el acceso a este servicio de personas con discapacidad, a aumentar la seguridad y protección del medio ambiente y a evitar que se destruya empleo al evitar que gasolineras atendidas pasen a estar desatendidas.

Cruz remarcó la garantía del empleo y la posibilidad de otros nuevos en un sector con 1.000 personas ocupadas en el suministro de combustible en la comunidad y recordó la moratoria de tres meses desde la publicación de la norma en el Bocyl.

Estos principios fueron compartidos por José Francisco Martín (PSOE), Félix Díez (Podemos) y José Sarrión (IU), todos ellos votaron a favor en una sesión a la que asistió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pese a que el PP no recogió las enmiendas de los dos últimos, si bien defendieron que se protege y se puede crear empleo a través de la nueva regulación.

El procurador de Ciudadanos David Castaño, al final del debate, argumentó el voto en contra en que la proposición popular "no está bien motivada" en relación al medio ambiente, personal con discapacidad, problemas de salud y creación de empleo.

Por otro lado, la Consejería de la Presidencia y los grupos de las Cortes arrancaron ayer el trabajo para el impulso y desarrollo de la ley de la Memoria Histórica en Castilla y León, cuyos primeros cometidos serán reuniones con las asociaciones y la realización de un diagnóstico para ver en que se cumple y en que no la normativa estatal.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo una reunión ayer en las Cortes para la creación del grupo de trabajo con los procuradores Alvaro Lora (PSOE), Natalia del Barrio (Podemos), David Castaño (Ciudadanos) y Ángel Ibañez (PP), faltó el Mixto porque en ese momento se celebraba pleno.