La mayoría de eurodiputados mostraron hoy su rechazo a la congelación de fondos estructurales de España a partir de 2017 en una reunión con el Ejecutivo comunitario, pero la Comisión Europea defendió el suspenso por "la falta de acción efectiva" en el desvío de las cuentas públicas el pasado año.
De esta forran, algunos proyectos y programas, como los de gestión y desarrollo rural en Castilla y León, se podrían ver afectados si finalmente se adoptara esa decisión.
En juego actualmente están dos proyectos para Castilla y León. El primero se trata de un proyecto operacional para la mejora de la región con una ayuda europeo de 99 millones de euros en el periodo 2014-2020. Con este programa se espera que Castilla y León pueda emplear a 18.000 personas en situación de desempleo y más de 13.000 en riesgo de exclusión social, una ayuda a 2.000 personas en situación vulnerable, como víctimas de violencia de género, así como la formación de 60.800 profesores y más de 200 estudiantes de doctorado.
El otro programa que podría afectar a la autonomía es la de Desarrollo Rural, con el que la UE participa con 969 millones de euros para 2014-2020. Este proyecto está destinado a mantener la inversión en las zonas rurales y a fortalecer el sector agrario y apoyar las actividades económicas en los pueblos de Castilla y León. En representación de la Comisión Europea, acudieron el vicepresidente para Empleo, Jyrki Katainen, y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, quienes abordaron la suspensión de los fondos ante las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios y Desarrollo Regional en Estrasburgo.
Katainen explicó que el Ejecutivo comunitario tiene "la obligación jurídica" de suspender los fondos. No obstante, defendió que no significará el fin de los programas o proyectos, sino que se trata de "los compromisos" de los pagos, por lo que si el Gobierno español aplica medidas suficientes para contener el déficit a partir de 2017, los fondos dejarán de estar bloqueados. "No habrá un céntimo que se pierda si los gobiernos cumplen lo que se han comprometido con sus ciudadanos y con los otros gobiernos", explicó Katainen. Por su parte, Cretu también defendió la posición del Ejecutivo y explicó que los pagos que se bloqueen a partir de 2017 no se harían efectivos hasta 2020.
La congelación parcial de los fondos estructurales se debe al incumplimiento de déficit en 2015 por parte de España, que debería haber cerrado el desvío de sus cuentas públicas en un 4,2 por ciento, pero registró finalmente un déficit del 5 por ciento. La normativa comunitaria prevé que se multe a un país por incumplimiento con hasta el 0,2 por ciento del PIB, pero finalmente el Ejecutivo comunitario decidió cancelar la sanción.
