La multinacional Lactalis informó ayer del interés de una empresa vinculada a la valorización energética de nutrición animal como posible compradora de la planta de Lauki en Valladolid, cuyo cierre está anunciado para el próximo 30 de septiembre, pero se ha negado a prorrogar el plazo de negociación previsto en el Acuerdo Social ante en desánimo de la Junta de Castilla y León y el enfado de los sindicatos.

Así se lo han trasladado los representantes legales de Lactalis a los integrantes de la Fundación Anclaje en un encuentro en el que han analizado las opciones de compra de la planta vallisoletana con cinco grupos concretos que podrían tener interés en seguir profundizando en las posibilidades de hacerse con la fábrica de Lauki de los que cuatro están relacionados con el sector lácteo, con el consiguiente rechazado de la multinacional, mientras que otro no representa competencia directa por lo que "merecería la pena" seguir profundizando en la opción. Sin embargo y según ha lamentado el director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria, Jorge Morro, la empresa ha trasladado su "cerrazón" a la posibilidad de dar más tiempo a esa negociación con un grupo que, según ha aseverado, cumple los criterios fijados por Lactalis por lo que ha cargado contra la multinacional por su "falta de voluntad" y por su intención de llevar la situación "a donde la querían llevar: cerrar y marcharse".

Ante esta circunstancia, el director general ha anunciado que la Junta se dirigirá este mismo viernes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para informar del interés de un grupo por la planta de Lauki en Valladolid y de la falta de voluntad de la empresa a dar una solución, cuestión que la Junta trasladará también a la Dirección de Lactalis en Francia con la que se reunió hace unos meses el propio presidente Juan Vicente Herrera.

Más críticos y enfadados se pronunciaron los secretarios de Acción Sindical de UGT y CC OO en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia y Vicente Andrés, que han acusado a la empresa de tener todo preparado para el cierre en una estrategia de "voladura controlada" y no de juego limpio contra la que han llamado a la ciudadanía a contestar con rabia.