Castilla y León se sumará a las autonomías que cuentan con una Ley de Igualdad Social LGTB+ tras recoger el PP, de viva voz, una de las resoluciones al debate general de política de la comunidad planteada por IU, y que no había sido admitida por un defecto formal.

Fue el viceportavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio, quien ha rescatado la propuesta planteada por el procurador de IU, José Sarrión, en la que se instaba a la Junta a aprobar una Ley de igualdad de trato y no discriminación para garantizar los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la trasnsfobia.

La propuesta de resolución era una de las 18 presentadas por el procurador de IU, aunque no fue admitida al debate por la Mesa por alguna cuestión formal.

La propuesta de Sarrión responde al compromiso que prácticamente todos los grupos de la Cámara adquirieron el pasado 21 de junio con el presidente de la Federación de Castilla y León de ese colectivo, la FECYLGTB+, Ignacio Paredero, para impulsar una serie de iniciativas para reconocer socialmente y políticamente a estos ciudadanos y favorecer su plena normalización, entre ellas la citada ley.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León también aprobó por unanimidad instar a la Junta a habilitar todas las herramientas a su disposición para fomentar la natalidad en la comunidad y velar por el cumplimiento estricto de los derechos de los trabajadores para una "efectiva y correcta" conciliación laboral.

Se trata de una de las propuestas de resolución planteadas por el Grupo Ciudadanos en el debate sobre el estado de la comunidad a la que se han sumado el resto de los grupos con representación en la Cámara.

Por su parte, el PP ha sacado adelante pero no con unanimidad su propuesta para instar a la Junta a que antes de que finalice 2016 se actualice la Agenda para la Población de Castilla y León con el fin de adaptar las políticas de población a la realidad actual, una vez hayan sido analizadas las observaciones y propuestas de nuevas medidas formuladas por los miembros del Consejo de Políticas Demográficas.