El ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido por carta que no había razones para que la Junta de Castilla y León aprobara el acuerdo de no disposición de crédito que le solicitó el pasado mes de abril y "lamenta la confusión generada" cuando le reclamó ese acuerdo de Consejo de Gobierno con el que se pretendía poner coto al desvío de los objetivos de déficit, de manera que las disculpas oficiales paran un proceso legal entre ambas administraciones.
En una misiva remitida a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, el ministro Cristóbal Montoro da validez al argumento principal de la Junta para rechazar el acuerdo de no disposición de crédito, esto es, reconoce que, "efectivamente", el Gobierno autonómico no disponía de un plan de ajuste, dado que no se había acogido al Fondo de Liquidez Autonómica, y, por lo tanto, sostiene la carta, "no resultan de aplicación" las medidas de estabilidad que el Ministerio prescribía, como es el bloqueo de los fondos.
La breve carta concluye de forma directa: "Lamento la confusión generada por mi comunicación anterior", en referencia a la misiva que envió a la Junta de Castilla y León, entre otros gobiernos autonómicos, instándoles a adoptar medidas para la contención del déficit y amenazando, incluso, con multas coercitivas.
La llegada de esta misiva desató una ofensiva del Gobierno regional que se negaba a aplicar el citado acuerdo, que en la práctica, reduce los fondos que se pueden emplear del Presupuesto autonómico. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explicó entonces que la respuesta de Castilla y León llegaría a través de la ley, algo que se materializó el 19 de abril por medio de una carta de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a Cristóbal Montoro en la que le exponía los argumentos legales que llevaban al Ejecutivo autonómico a rechazar la aprobación de la no disponibilidad de crédito, dados "los graves perjuicios que se provocarían de modo directo e inmediato en la prestación de los servicios públicos esenciales de Castilla y León".
La misiva de Pilar del Olmo tenía carácter oficial y su envío activaba el proceso legal establecido para que la Junta de Castilla y León pudiera haber recurrido al tribunal contencioso en contra de las medidas de Montoro. Por eso, de forma oficial, en esa carta se solicitaba al Ministerio la suspensión de la eficacia inmediata de las medidas exigidas a la Junta, lo que abría un plazo de un mes -que concluyó el jueves pasado- para obtener respuesta.
En caso de que ésta fuera negativa o no se produjera esta contestación, el Gobierno regional podría entonces acudir a los tribunales.
