Castilla y León es la primera comunidad que regula por ley que los funcionarios puedan denunciar conductas relacionas con la corrupción, el cohecho o la prevaricación, dándoles garantías en cuanto al anonimato con incluso el traslado del puesto del trabajo si así lo solicita el interesado.
Se trata de "garantizar la protección de los informantes frente a posibles acciones que pudieran perjudicar su situación laboral", refirió el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó ayer el proyecto de ley que regula esta cuestión.
Castilla y León es la primera comunidad con esta regulación, destacó el consejero de la Presidencia, quien ha reconocido que han hablado con el grupo parlamentario de Ciudadanos, de quien partió la iniciativa en el parlamento autonómico, y han tenido en cuenta sus planteamientos.
La norma recoge, aunque "se ha matizado más", explicó De Santiago-Juárez, el añadido del grupo parlamentario del PP de que se establezca como "nueva falta disciplinaria muy grave" los casos en que "deliberadamente se presenten informaciones sobre la comisión de delitos cuando carezca de fundamentación alguna", según recoge el proyecto de ley.
Este procedimiento se centra especialmente en los casos en los que las posibles conductas estuvieran relacionadas con alguno de los delitos contra la Administración a los que se refiere el Código Penal, como pueden ser la corrupción, el cohecho o la prevaricación.
