Las Cortes de Castilla y León convalidaron ayer por unanimidad el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección de las familias afectadas por la crisis, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre las que se encuentran la agilidad y flexibilidad de la renta garantizada de ciudadanía para que sea compatible con prestaciones por desempleo y otros subsidios para que nadie que la necesite se quede sin ella. El texto se tramitará ahora como proyecto de ley de urgencia.

Los procuradores Ana Agudíez (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Manuel Mitadiel (C's), José Sarrión (IU) dudaron de la confianza expresada en la norma de que en un breve plazo se supere la situación y no sean necesarias las medidas acordadas y en que hay deficiencias que se pueden corregir cuando se tramite como proyecto de ley, si bien emitieron un voto favorable ante algunos avances recogidos.

Los intervinientes reconocieron la reducción de plazos a un mes para resolver y pagar a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía y defendieron, entre ellos Agudíez y Domínguez, que se actualicen los 426 euros que se perciben por esa ayuda, que consideraron como un derecho subjetivo.

En el mismo pleno, el Grupo Popular rechazó como "improcedente e innecesaria" la propuesta socialista de abrir los comedores escolares durante todo el año para garantizar las necesidades nutricionales de los menores en riesgo de exclusión social, proposición que contó con el apoyo de la oposición por "necesidad y justicia".