La Junta de Castilla y León considera que "no hay nada insalvable" en las diferencias expresadas y aprobadas por algunas diputaciones provinciales contra las unidades básicas de ordenación y servicios en el Territorio (UBOST) rurales, cuyo borrador ha presentado la Consejería de la Presidencia, y recuerda que se trata de un "proyecto estratégico" de comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón, recordó que el informe preceptivo de las diputaciones no es vinculante y añadió que las discrepancias mostradas están "dentro de lo normal", si bien admitió que "algo se ha entendido mal", en relación al rechazo de algunas corporaciones, incluso con el voto del PP.

Las diputaciones de Ávila, Salamanca y Valladolid han votado en contra del mapa rural que propone la Junta, mientras que las corporaciones de Burgos, León y Palencia lo han hecho a favor y está pendiente el pronunciamiento de los plenos de las de Segovia y Soria. Zamora también cuestionó los plazos dados.

Valdeón subrayó que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio y su desarrollo en las mapas de las unidades urbanas y rurales, en las que se prestan los servicios y se crearán de manera voluntaria para ello las mancomunidades de interés general, es un "proyecto estratégico" de comunidad.

La vicepresidenta defendió que la aprobación de la ley y el proceso actual para su desarrollo es "muy participado" con los municipios, diputaciones y grupos políticos, reiteró que las diferencias aprobadas en algunas de las corporaciones están "dentro de lo normal" y subrayó que se abrirá un nuevo trámite de información pública. En tal sentido, remarcó la "bondad y necesidad" de esta ley para desplegar el modelo territorial comprometido por la Junta, con el que pretende la pervivencia de los pueblos y garantizar sus servicios, y rechazó que haya faltado explicación a concejales, alcaldes y cargos locales y provinciales.

Valdeón afirmó no compartir los argumentos que han dado algunos grupos provinciales, también del PP en relación a que falta la parte económica para cubrir los servicios o a que el tiempo de consulta haya sido corto. "Ha habido sensibilidad y compromiso", aseveró, en relación a la prestación de la sanidad o la educación en los núcleos rurales y la cofinanciación en los servicios sociales.

La vicepresidenta estimó que las diferencias surgidas en tres diputaciones, de las que han llevado a pleno el informe, no va a retrasar el calendario de la Consejería de la Presidencia para la aprobación de la norma y su remisión a las Cortes, donde se espera el acuerdo con los grupos del arco parlamentario.

El pasado 30 de septiembre el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó un mapa rural de 176 unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que sometió a información pública durante más de tres meses a través del Gobierno Abierto.