Juan Vicente Herrera (Burgos, 1956) cumplió ayer quince años como presidente de la Junta de Castilla y León, en un mandato, por primera vez, sin mayoría absoluta después de vencer desde 2003 con holgura y haber tenido los mejores resultados en 2011. Fue Ciudadanos quien facilitó su investidura en julio y posibilitó que los presupuestos de 2016 salieran adelante. La consolidación de la economía y la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis son los objetivos de la nueva legislatura, en la que la composición de las Cortes, con C's y Podemos, le obliga a responder a más preguntas de la oposición.

El procurador por Burgos y portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, que se convirtió en presidente de la Junta, marcó entonces, en 2001, unas líneas hasta 2011, pero actualmente es ya el titular del Gobierno de la comunidad más longevo. Diálogo social, apoyo a la familia, servicios sociales, integración del sistema financiero y políticas de población fueron sus primeros objetivos, de los que se mantienen la mayoría, pero en la última etapa ha añadido el modelo de ordenación territorial, que espera su culminación en esta etapa.

Una nueva reforma del Estatuto de Autonomía renovado en 2007, un plan de reindustrialización, un nuevo modelo de financiación autonómica y el despliegue del modelo de ordenación territorial son los acuerdos firmado con los grupos de la oposición para esta etapa, en la que se ha iniciado la recuperación de los derechos de los empleados públicos y se ha eliminado el polémico "céntimo sanitario".

Con ley de las Cortes, el Diálogo Social tiene un reconocimiento institucional en el Estatuto. Han sido más de sesenta los acuerdos sellados por el presidente y los líderes de los sindicatos (CC OO y UGT) y la patronal, entre ellos el refuerzo de las políticas activas de empleo con las ayudas a parados sin prestación o subsidio o las inversiones comprometidas en la creación de plazas residenciales. También la renta garantizada de ciudadanía, un derecho estatutario para las personas sin ningún recurso.

Las medidas dirigidas a la familia, la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad y la lucha contra la violencia de género conforman las líneas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, donde se engloba también la dependencia. La primera consejera de ese área y exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, es hoy vicepresidenta de la Junta. Los pilares de este departamento se han asentado con leyes como las de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, contra la Violencia de Género y de Impacto de Género

Es uno de los caballos de batalla entre la Junta y los grupos de la oposición. En 2005 se pactó una Estrategia de la Población. En su investidura de 2007, Herrera invitó a los grupos a revisar las medidas trazadas, después de reconocer la existencia de "claroscuros". De esa manera se fraguó la Agenda de la Población, con la mirada en las familias, jóvenes, inmigrantes y emigrantes y la discriminación positiva hacia los pueblos.

El Gobierno regional presumió en 2008 de ser uno de los primeros en reconocer la crisis y tomar medidas. En mayo de 2008, la Junta presentó 27 medidas para la reactivación de la economía. Sin embargo, la recesión no dio tregua y todos los indicadores empeoraron entre 2011-2012, en especial el paro. Herrera tuvo que retroceder en su compromiso de blindaje de los servicios públicos. La merma de ingresos tributarios supuso la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones y la aplicación del céntimo sanitario, sin efecto ya desde el 1 de enero de este año.

El Estatuto de Autonomía se renovó en 2007. El desarrollo de la máxima norma y una nueva reforma están en el horizonte. La Junta presentó un borrador a los grupos, centrado en la regeneración democrática, los avances sociales y el modelo territorial.

La crisis de la minería, la reforma local o ley Montoro y el reparto a la carta del objetivo de déficit han protagonizado diferencias entre Junta y Gobierno, entre Herrera y Rajoy, en la última legislatura. Pero no han sido los únicos asuntos de litigio. Bajo el Gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el Ejecutivo de la comunidad hizo bandera contra el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y la salida de documentos del Archivo de Salamanca. Además, cifró en 930 millones las "deslealtades" del Gobierno y recurrió 723 de ellos ante el Tribunal Constitucional. La Junta asumió el nuevo modelo de financiación autonómica, aunque desde entonces siempre se ha decantado por su revisión al entender que no cubre el presupuesto de las consejerías sociales, como Sanidad, Educación y Familia.