Castilla y León lideró junto con Asturias, Baleares, Galicia, Murcia y País Vasco una propuesta para que los indicadores de desempleo, la calidad laboral y el envejecimiento de la población se incluyan a la hora de distribuir los fondos europeos. Actualmente, sólo se tiene en consideración el Producto Interior Bruto (PIB) de los países. Así, se pide al Ejecutivo comunitario que tenga en cuenta los indicadores sociales y medioambientales en la asignación de fondos europeos.
