Los representantes de Ciudadanos se mostraron ayer martes "razonablemente preocupados" ante la falta de cumplimiento por parte del PP de los puntos del Acuerdo de Investidura y por la Gobernabilidad de Castilla y León firmado entre ambos partidos el pasado mes de junio relativos a impulsar el cambio en todo lo relacionado con la regeneración democrática en la comunidad. Según ha constatado el portavoz de Ciudadanos en el seguimiento de este acuerdo, Pablo Yáñez, el Partido Popular no ha demostrado en los últimos meses voluntad para cambiar "viejos vicios políticos", con una crítica expresa al "empeño" de los populares por presidir las dos comisiones de investigación creadas en las Cortes o el uso de su "minoría de bloqueo" de 42 procuradores -los mismos que tienen los grupos en la oposición- para frenar determinadas iniciativas, ante lo que ha recordado que el ánimo de consenso se tiene que trasladar al día a día.

Según ha explicado Yáñez, ante esa falta de "espíritu del cambio" Ciudadanos tomará la iniciativa y presentará el próximo jueves una Propuesta de Ley para modificar la Ley Electoral Autonómica que contemplará, entre otras medidas, rebajar el gasto que suponen los comicios y la obligación de que los partidos elijan a sus candidatos en un proceso de primarias y de que se celebren debates electorales durante las campañas.

A estas modificaciones legislativas se tendrían que sumar otras "más ambiciosas" que requerirían un cambio del Estatuto de Autonomía relativos a la asignación de escaños, donde Ciudadanos propone acordar un número impar de procuradores, u otros métodos de proporcionalidad más acordes con la máxima de un ciudadano-un voto.

En esta misma filosofía, Ciudadanos ha registrado tres proposiciones no de ley (PNL) para reivindicar la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos cuando tengan un representante implicado en un caso de corrupción, establecer una tabla nacional de suelos y avanzar en la transparencia de los contratos públicos. Por otro lado, Ciudadanos ha evidenciado un "problema de gestión sanitaria" en Castilla y León como consecuencia, de la politización del modelo de la sanidad.