Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer el límite de gasto no financiero de la comunidad para 2016, que es la base para la elaboración de los presupuestos que presente la Junta en octubre, con los votos del Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos. La formación de Luis Fuentes salvó el techo de gasto al entender que unas cuentas prorrogadas serían "peor".

Los procuradores José Francisco Martín (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL) consideraron que es insuficiente y cuestionaron que exista una recuperación económica real, mientras que el popular Carlos Fernández Carriedo defendió que permitirá un crecimiento económico, mantener los servicios públicos y la cohesión social y la solvencia financiera.

En la presentación ante el pleno, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo defendió que el límite de gasto no financiero "ofrece más gasto público pero con menos déficit" y afirmó que permitirá elaborar un presupuesto para 2016 con más recursos para las políticas prioritarias y "más sensibles para los ciudadanos".

Del techo de gasto, que se sitúa en 8.886 millones de euros, un 0,72 por ciento más que este año, Pilar del Olmo resaltó una recaudación positiva de los tributos gestionados por la comunidad, en un incremento de un 2,4 por ciento, que permitirá incorporar al próximo presupuesto 770 millones, que incluyen por primera vez 25 millones del Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito.

Además, las Cortes de Castilla y León rechazaron la devolución "inmediata" de la paga extra no abonada en el año 2012 a los empleados públicos, así como la recuperación de sus derechos y condiciones de trabajo.

Por tanto no fue aprobada la proposición no de ley presentada por el PSOE y que contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición, lo que llevó a efectuar tres votaciones en el Pleno, hasta que pudiera producirse el desempate y se permitiera que valieran más los votos de una sola formación. En su defensa de la PNL, el socialista José Ignacio Martín Benito consideró "de justicia" esta devolución de salario y derechos a los empleados públicos de Castilla y León a los que el Partido Popular, dijo, solamente "ha menospreciado".

Además, reconoció la rebaja salarial efectuada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que pidió que se volviera a los niveles de 2010 tanto en salario como en condiciones de trabajo.