El director general de Política Educativa de la Junta, Fernando Sánchez-Pascuala, ha asegurado que Castilla y León apenas notará diferencias en los criterios de evaluación fijados por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), puesto que desde hace años aplica requisitos similares y "muy exigentes". A modo de ejemplo, ha indicado que hace años la Junta tomó la decisión de que un alumno no debía tener más de cuatro materias suspensas en los cuatro cursos académicos para obtener el título de graduado.
En rueda de prensa en Segovia, ha indicado que, en términos generales, cuando se implantan nuevos currículos y modelos de sistemas educativos nuevos puede haber consecuencias únicamente en la estructura o el modo como están configurados los cursos. En este caso, según ha precisado, las consecuencias de la Lomce afectan a aspectos organizativos internos, que tienen que ver sobre todo con criterios de evaluación y cómo se puede pasar de curso.
Por su parte, el PSOE insistió en pedir que Castilla y León no aplique la ley, al tiempo que exigió la reversión de los recortes en profesorado en los últimos años y se mejore la financiación universitaria. Así lo pusieron de manifiesto los responsables de Educación en las Cortes, Jesús Guerrero y Fernando Pablos, a pocos días de que comience el curso escolar 2015-2016.
Además, exigieron que se recupere a corto y medio plazo el profesorado que se ha perdido en los últimos años y que cifró en 2.000 maestros y profesores menos en las aulas a través de una tasa de reposición del 100 por 100 durante este curso y no para el 2016-2017 como se ha prometido en lo que denominó "una trampa electoral".
Mientras, el portavoz de Universidad en las Cortes, Fernando Pablos, insistió en que se pagan las terceras tasas universitarias más caras de España, consecuencia, dijo, de la reducción en un diez por ciento de las partidas destinadas desde la Junta a las universidades públicas que. Además, remarcó la importancia de contar con un sistema de becas "más justo".
