La Junta de Castilla y León abrió ayer la vía para la creación de las Mancomunidades de Interés General (MIG) con la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto de reglamento, organización y funcionamiento de esta herramienta de unión voluntaria de municipios para la prestación de servicios en el medio rural y urbano, si bien para la aplicación completa del nuevo modelo de ordenación falta la definición del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales.

"Se trata de ser más fuertes, pero no a la fuerza, sino de manera voluntaria", defendió el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, en relación a la nueva herramienta aprobada para avanzar en el desarrollo del modelo que se recoge en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada en las Cortes por consenso de PP y PSOE.

La norma regula los dos tipos de mancomunidades, las rurales y las urbanas. La primera surgirá de la asociación voluntaria de municipios con una población inferior o igual a 20.000 habitantes, tendrán una cartera de servicios igual para todas y una localidad sólo podrá pertenecer a una MIG, aunque sí puede coincidir una o más unidades básicas de ordenación rurales. La segunda se conforma por poblaciones de más de 20.000 habitantes y su alfoz y se asientan en las áreas funcionales, ya aprobadas, mientras que su cartera de servicios será flexible.

Según el decreto, desarrollado en 35 artículos, la aprobación para la constitución de una mancomunidad de interés general rural se hará por dos vías: por la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen la mitad de la población de los municipios asociados en cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios o por el 70 por ciento de la población, con independencia del número de municipios integrados.

En el caso de una mancomunidad de interés general urbano, que no podrá exceder del área funcional estable al que pertenece, se aprobará su constitución por un tercio de los municipios de ese área o por los municipios que representen un tercio de la población, con independencia de su número.

En la misma rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió comparar todos los expedientes sobre las eólicas y, tras insistir en que en la revisión del procedimiento de tramitación no se ha detectado ninguna anormalidad, ha recordado que la normativa ha sido "muy cambiante" por lo que se produjeron algunas paralizaciones que afectaron a todos los casos y no sólo a algunos.

"Habrá que sacar todos los que estaban en ese momento". Así de contundente ha respondido el portavoz tras conocer una nueva información publicada por El País sobre que algunos parques eran autorizados solo días después de que las eléctricas dieran entrada en el negocio de los molinos a Alberto Esgueva, alto cargo de la consejería de Economía entre 2004 y 2006.

De Santiago-Juárez ha vuelto a descartar cualquier discrecionalidad en la tramitación de unos expedientes que se hicieron "por el libro" y en los tiempos y ha insistido en que para hacer comparaciones hay que ver todos los casos y no sólo unos aislados. Por su parte, la presidenta del PSCyL y diputada, Soraya Rodríguez, ha recalcado en Ponferrada (León) que los parques eólicos investigados por la Agencia Tributaria por supuesto pago de comisiones a altos cargos "pueden ser uno de los mayores casos de corrupción" conocidos hasta la fecha en España.