La principal petición que los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura trasladan al Gobierno de España es que este impulse una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico, en cuya elaboración y ejecución participen todas las administraciones públicas. La Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico, según expuso De Santiago-Juárez, requiere la necesaria reforma del modelo de financiación autonómica, la financiación local, políticas de desarrollo rural y atención a los jóvenes, las familias y los inmigrantes. La dispersión, la baja densidad y el envejecimiento son factores demográficos determinantes para mejorar la financiación -autonómica y local-, pues inciden en un mayor coste en la prestación de los servicios; y en mayor medida en el ámbito rural. Para la Junta de Castilla y León es un 50 por ciento más caro prestar los servicios en el entorno rural que en el urbano y, en palabras del consejero, "es lo que queremos que reconozca el modelo de financiación, donde un reparto per cápita condenaría a los habitantes del medio rural a ser ciudadanos de segunda categoría y daría la puntilla a cualquier esperanza de atajar el problema de la despoblación rural".
