Bajo un sol de justicia, Garoña volvió a ser el foco de atención de todas las miradas en una marcha que para muchos supone un acto de celebración, aunque nadie da por zanjado el cierre de la central más antigua de España. En este sentido, la responsable de la campaña antinuclear en Greenpeace España, Raquel Montón, indicó que después de que el plazo de la licencia de explotación haya expirado, el siguiente paso debería ser el desmantelamiento. En este sentido, advirtió que «cualquier modificación que se intente para reabrir Garoña puede rozar la ilegalidad y suponer un acto delictivo».

La responsable de Greenpeace declaró que su organización se encuentra «expectante» de las acciones que puedan llevar a cabo la empresa propietaria de la central, Nuclenor, así como el Gobierno central, por lo que «no bajarán la guardia». Asimismo, indicó que «tomarán las medidas legales oportunas», después de que se haya publicado una «torticera» modificación del real decreto que regula la actividad de Garoña. «Hay muchísimos indicios de que estén intentando hacer algo que es ilegal», apostilló Montón.

Hasta las puertas de la central también se acercó el presidente nacional de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, quien entiende que «sería prevaricación» el hecho de «torcer la ley para favorecer intereses privados». Por ello, Ecologistas en Acción no descarta acudir a los tribunales de forma conjunta con el resto de organizaciones si se pretende reabrir Garoña.

«Sería un peligrosísimo precedente cambiar la ley a medida de Garoña», advirtió Castejón, quien cree que este hecho crearía un efecto llamada para otras centrales nucleares españolas que podrían reclamar los mismos privilegios de mantenimiento en un futuro.

La de ayer fue una de las marchas más numerosas que se recuerdan y una de las más simbólicas. Tras un recorrido de alrededor de media hora, los antinucleares se apostaron a las puertas de la central gritando consignas como «Garoña nunca más, cerremos las demás». Un lema acompañado por más símbolos como un mapa con todas las centrales nucleares que hay en España, en el cual se intentó borrar del mismo a la central burgalesa. Un acto que celebraron los presentes, al tiempo que reclamaron que «después de cerrar Garoña se cierre también Almaraz».

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, José María González, afirmó «dudar de la legalidad» de las decisiones que pudiera estar tomando el Gobierno central en estos momentos respecto a una posible reapertura de la central, al tiempo que declaró que «sería una vía de escape a la falta de seguridad y que pondría en riesgo el futuro de la provincia de Burgos y de Castilla y León».

Asimismo, reclamó un presupuesto para poder comenzar a pensar en el futuro de las localidades que han vivido hasta ahora de la planta atómica, y pensar en la industrialización de la comarca. «Queremos que haya futuro en esta comarca y para ello debe haber dinero público desde ya», recalcó el líder regional de IU.

La que para muchos será recordada como la «última marcha» reunió a ciudadanos de todo el país. Tres autobuses llegaron desde Madrid, y en la convocatoria participaron vecinos del Almacén Temporal de Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), así como vecinos de la central de Almaraz (Cáceres). Aunque estaba previsto no hubo brindis, debido a que pese al ambiente festivo de la jornada y las consignas de cierre, nadie da por zanjado el cierre de Garoña, horas después de que expirase la licencia de explotación de la misma. Flanqueada por efectivos de la Guardia Civil y personal de seguridad de la planta, la central nuclear más antigua del país volvió a ser noticia.