El Ministerio de Industria firmó ayer la orden de cese de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), pero iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad «si así fuera posible», anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

«Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad», el ministerio de Industria procederá a dichas modificaciones normativas, explicó la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Una orden ministerial de Industria, emitida en 2009, establece que la autorización de explotación de Garoña expira hoy, día 6. Nuclenor, propietaria de Garoña, solicitó el pasado mes de mayo un nuevo plazo para poder evaluar si pedía una prórroga de su vida útil, después de haber rechazado esta opción con anterioridad, basándose en motivos económicos (nuevas tasas sobre el combustible).

La petición fue remitida por Industria al Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló dicha posibilidad, aunque los plazos legales han impedido modificar la orden ministerial que habría permitido a Nucleor solicitar dicha prórroga. Esta semana, Nuclenor comunicó a los trabajadores que el cese era «reversible» y que a partir del próximo lunes, trabajarían en un «periodo de transición» hasta decidirse el futuro de la planta.

La modificación del reglamento sobre instalaciones nucleares da de plazo un año desde la declaración de cese para que se pueda renovar su licencia de explotación, siempre que éste no haya obedecido a razones de seguridad nuclear.

Por su parte, Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «afronta» la declaración de cese de explotación de la actividad y asegura que en el «periodo de transición» no tomará decisiones «irreversibles» para la operación de la central, ya que espera que se encuentre un escenario que pueda «suponer una oportunidad para el futuro».

En este contexto, subraya que la declaración de cese llega como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, puesto que su aplicación suponía un aumento de los costes de la planta atómica burgalesa en más de un 30 por ciento.

Por otro lado, el alcalde del municipio burgalés de Valle de Tobalina -en el cual se encuentra la central nuclear-, Rafael González, ha reclamado un plan de dinamización que permita amortiguar el efecto que tendrá para el empleo el cierre de la planta, al tiempo que reconoció que «los vecinos están cansados de la incertidumbre».