La consejera de Familia, Milagros Marcos, señaló ayer en Madrid, durante un receso del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia que se celebró en el Ministerio de Sanidad, que las nuevas medidas de transparencia en la gestión del sistema exigidas por el Gobierno «no obligarán a introducir ningún cambio» en la Administración regional. «Castilla y León se puede sentir razonablemente satisfecha porque se ha logrado un justo equilibrio entre la transparencia y la eficiencia administrativa», añadió Marcos respecto el encuentro, en el que se dio luz verde a un nuevo acuerdo que obligará a las comunidades a certificar anualmente los gastos realizados y las prestaciones concedidas. Además, las comunidades deberán actualizar y ampliar los datos sobre todos los beneficiarios del sistema. Ninguno de los dos casos supondrá un extra de trabajo ni de recursos para la Consejería de Familia.