El Consejo de Estado plantea al Gobierno que la asunción de competencias municipales para cumplir con eficacia y calidad los servicios que se prestan no pasa necesariamente por las diputaciones provinciales, sino que existen formulas alternativas como una mancomunidad o cualquier otra forma de asociación voluntaria de municipios. Esta es una de las observaciones que realiza el alto órgano consultivo en su dictamen al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que prevé aprobar el Ejecutivo de Rajoy como base de su reforma local. El modelo planteado por la Junta de Castilla y León en el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, en tramitación en las Cortes, se asienta en las mancomunidades de interés general o asociación voluntaria de municipios para las prestación con calidad de los servicios municipales.

En su informe, el Consejo es critico con la regulación que realiza la norma elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste estándar, que se plantea para medir la eficiencia de un servicio y que supone la pérdida del mismo por parte de los municipios en favor de las diputaciones si no se adecua a unos parámetros mínimos de calidad. El coste estándar requiere de una regulación más completa, de mayor claridad y coherencia interna ya que la institución consultiva estima que, tal y como figura en la normativa, limita en «exceso» las competencias y la autonomía municipal. Además, considera que el debilitamiento de los municipios se hace con un fortalecimiento de otras entidades locales y en especial de las diputaciones provinciales, sobre las que recuerda que su elección no es directa.

La aplicación de las medidas previstas en el anteproyecto podría incluso llegar a producir un vaciamiento competencial de los municipios, si bien seguirían existiendo como entidades municipales desprovistas de cometidos que directamente las involucren en asuntos públicos», advierte el Consejo de Estado en su dictamen.

Precisamente, la Junta envió un «informe critico» al Gobierno por entender que su reforma local vacía de competencias a los municipios a favor de las diputaciones y en el que se discrepa de que el coste estándar sea la fórmula para evaluar la calidad de un servicio frente al coste efectivo del mismo, que es el que propone el Ejecutivo de Herrera. En su dictamen, el Consejo de Estado incide en que la «falta de precisión» con que se regula el coste estándar puede provocar un «considerable impacto» en la efectividad de la autonomía local tanto en su contenido como en términos cuantitativos.