El Procurador admite una queja sobre las guardias de las farmacias rurales

El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja del Partido Castellano (PCAS) trasladó por el cierre de los servicios nocturnos de guardia en las farmacias rurales de Castilla y León. La formación denunció que la Junta de Castilla y León ha cedido «injustificadamente» a la presión de los colegios oficiales de farmacéuticos al aprobar una nueva ordenación de los servicios en la comunidad, según recoge un comunicado.

Para el partido, este recorte de guardias, en ningún caso, supone para las arcas de la Junta ninguna reducción del gasto público, sin embargo «si un nuevo agravio para el maltratado mundo rural de nuestra comunidad autónoma». En este caso, recordó que la competencia de la Junta es la organización de los servicios, y a juicio del PCAS, este «ajuste» vuelve a incidir en maltratar a la ciudadanía del medio rural.

Asimismo, la formación indicó que para muchos habitantes de Castilla y León la farmacia de guardia más cercana «puede quedar a casi un centenar de kilómetros o puede obligarlos a buscar este servicio esencial en otra comunidad». Por ello, denunció que la decisión se ha tomado de una manera totalmente «unilateral» sin informar a los vecinos afectados.