La Junta de Castilla y León somete a revisión formal la Agenda para la Población de Castilla y León, el conjunto de medidas para dinamizar la demografía que aplica desde 2010, después de que alguna de las iniciativas dirigidas a jóvenes, familias, inmigrantes y emigrantes no se hayan cumplido por falta, especialmente de presupuesto, con su apertura a las aportaciones e ideas de los miembros del Consejo de la Población y con el objetivo de alcanzar un acuerdo político y social, que hasta ahora no se ha conseguido.

Así lo anunció el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, al término de la reunión del Consejo de la Población, donde planteó la revisión y el calendario y donde reafirmó la voluntad del Ejecutivo de cumplir con uno de sus compromisos de legislatura, como el pacto político y social en un asunto de comunidad. Por primera vez acudió a ese foro el Grupo Socialista, a través de su viceportavoz, Ana Redondo.

En este sentido, la Junta presentó a los miembros que forman el Consejo para la Población un documento resumen de ejecución de las medidas de la Agenda (cierre de 2012), en el que cifra en 64 las que se han cumplido y en ocho las que no ha podido implementar, en su mayoría de empleo, jóvenes y vivienda, por falta de presupuesto.

En el informe, que se somete a las aportaciones de los colectivos políticos y sociales que forman parte del Consejo, se recoge que no se han podido cumplir medidas en el apartado laboral, viviendas y apoyo a las familias, mientras que se da por cumplidos los que se refieren a integración social de inmigrantes, apoyo al retorno de emigrantes y medidas para favorecer la entrada de población de otras comunidades. El programa de estancias formativas en centros de excelencia para titulados universitarios, fomento del alquiler, rehabilitación, ayuda al pago de la hipoteca, incentivos a empresas para el fomento de la flexibilidad horaria de trabajadoras, impulso de un servicio de conciliación urgente, ampliación del cheque de servicio para situaciones de emergencia familiar y fomento del trabajo por cuenta propia para personas con hijos o familiares a su cargo son los líneas que no se han implementado. De Santiago-Juárez señaló que «Hay que hacer una revisión de las medidas que no se han llevado a cabo, de por qué se ha fallado y lógicamente hay que retirarlas», aunque reconoció que la principal causa es la falta de presupuesto.