El proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, no permitirá a las mancomunidades de interés general, que se constituyan por asociación voluntaria de municipios, generar gastos de personal superiores a los del ingreso durante un periodo de cinco años. Además, establece las garantías suficientes para que la reestructuración del mapa de mancomunidades no conlleve la pérdida de empleos. Así lo explicó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien añadió que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma se deberán reestructurar los actuales puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter estatal y sostenidos en común por varios municipios. Los nuevos puestos atenderán a municipios con una población mínima de 500 habitantes y un presupuesto de 500.000 euros.