La Junta de Castilla y León cumple «razonablemente» con la legalidad vigente que regula los procesos de contratación, a excepción de algunas salvedades que afectan al principio de transparencia de los procedimientos establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Ésta es la principal conclusión de un informe sobre contratación presentado ayer por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en las Cortes regionales correspondiente al año 2009. El Consejo de Cuentas asegura en su informe que «la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable», aunque denuncia varias salvedades como los informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos.
