Valladolid/Burgos, Agencias
Empleados de Paradores advirtieron ayer de que Castilla y León es la comunidad autónoma «más perjudicada» por la decisión del Gobierno de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y de cerrar temporalmente 27 establecimientos en toda España, al tiempo que acusó al Ejecutivo de manipular las cuentas para poder «justificar» así la privatización de la cadena pública.
Así lo ha aseguró el secretario de Acción Sindical de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Orlando Aranzana, quien subrayó que la propuesta planteada por la Dirección de Paradores supone la extinción de 70 empleos en Castilla y León y la transformación de 195 contratos indefinidos en fijos discontinuos, lo que implica que la comunidad se vea «más afectada que otras».
Además, subrayó que «todos» los establecimientos de la cadena en la región «son rentables», pero señaló que un cierre temporal de cualquiera de ellos «llevaría a arrojar pérdidas» porque «si un cliente se encuentra el Parador cerrado una vez, ya no volverá».
En declaraciones recogidas por Europa Press, Aranzana explicó que en el apartado de pérdidas de Paradores se ha incluido «el importe correspondiente a las inversiones realizadas», algo que «no ocurre en ninguna empresa privada», puesto que «lo normal es establecer un periodo de amortización». De este modo, restó, de los cien millones de euros en que, a su juicio, cifra las pérdidas la sociedad, «los 41 que ha costado las construcción del nuevo Parador de Cádiz y los más de 50 del de Alcalá de Henares», a lo que habría que sumar «el arreglo del de Villafranca del Bierzo».
Por su parte, la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García, trasladará mañana hoy a la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, una «postura de Comunidad» y la «disposición para hacer esfuerzos» de los empleados de la cadena pública, con cuyos representantes se reunió ayer. En declaraciones recogidas por Europa Press, García volvió a rechazar la propuesta de Paradores para cerrar estacionalmente seis de los 15 establecimientos con que cuenta en la región y para extinguir 70 empleos en las nueve provincias.
No obstante, la consejera advirtió de que «todavía no hay ninguna decisión adoptada», por lo que reiteró la «voluntad de diálogo» del Ejecutivo castellanoleonés para lograr un acuerdo que permita la «viabilidad» de Paradores. Asimismo, reconoció que ya ha mantenido «dos conversaciones telefónicas» con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aunque recalcó que no permitirá «un cambio de cromos» ni una situación «a peor». La consejera reconoció que el posible cierre de algunos Paradores es «resultado de una mala gestión», que no deben asumir los contribuyentes. De los 15 Paradores con que cuenta Castilla y León, se verían afectados por estos cierres temporales los de Puebla de Sanabria y Benavente en Zamora.
