De poco sirvió que PSOE y Grupo Mixto se unieran ayer en el pleno de las Cortes, al final la mayoría del PP logró descartar el adelanto a enero del abono de la paga extra del mes de junio a los empleados públicos de Castilla y León. También el grupo parlamentario popular se hacía fuerte en el hemiciclo para rechazar la propuesta socialista, que apoyó el Grupo Mixto, para devolver las urgencias médicas nocturnas a aquellas zonas rurales donde se han suprimido o reducido, como es el caso de la localidad zamora de Muelas del Pan y de Las Arribes de Salamanca.
Las Cortes rechazaron pedir a la Junta que adelantase el pago de la extra de julio de 2013 a los primeros días de enero si así lo solicitaran los empleados públicos con el fin de incentivar el consumo en las fechas navideñas, tal y como defendió el portavoz de Economía del PSOE, Julio López. Si bien, el de Hacienda del PP, Salvador Cruz, se opuso y tachó la proposición no de ley de «oportunista e ilegal».
Para López la medida de supresión de la paga extraordinaria a los empleados públicos es una decisión «injusta, inútil y creará más desempleo», por lo que manifestó el rechazo del PSOE a esta medida, que, argumentó, solo supondrá la bajada de un punto en el Producto Interior Bruto (PIB) para el déficit público, mientras que el daño que creará será mucho mayor.
Para paliar estos efectos, López propuso el adelanto de la paga extraordinaria de julio a enero para permitir que pueda incentivarse el consumo, propuesta, dijo, que defiende el alcalde de Ávila y presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, quien la ha aprobado en su Ayuntamiento y que de 480 trabajadores ya la han solicitado 200.
Para el portavoz de Hacienda del PP, Salvador Cruz, esta PNL es «oportunista» porque, a su juicio, el PSOE sabe que «no hay capacidad legal» para poder anticipar el pago. Según Cruz, esta propuesta es una PNL oportunista, carece de coherencia y fija una vez más su deslealtad y falta de coherencia». Al respecto, López le recordó a Cruz el «circo» que tiene montado el PP con un alcalde (García Nieto) que dice que sí es legal, un portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que dice que es «ilegal» y el secretario regional, Alfonso Fernández Mañueco, que «no sabe».
Sobre las urgencias médicas, el Grupo Parlamentario Popular rechazaba también apoyar la propuesta socialista, apoyada por el Grupo Mixto, de devolver las urgencias médicas nocturnas a aquellas zonas rurales donde se han suprimido o reducido, tal y como defendió el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López.
Durante su exposición de lo que consideró «una causa justa», López se encontró enfrente con el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, quien aludió a los buenos datos de la Sanidad de Castilla y León para oponerse a tal medida con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en el entorno rural. Para Óscar López, dejar sin urgencias nocturnas es una medida «cruel y absurda» para ahorrar 1,5 millones de euros mientras que «tienen 72 millones para el experimento privatizador de Burgos», remarcó, para añadir que estas comarcas han perdido con esta decisión un derecho que no es «un gasto superfluo o imprescindible» y que, además, recordó, fue calificada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de mala decisión.
El portavoz del PP, quien reafirmó el compromiso de la Junta con la sanidad rural, recordó que los pueblos acaparan el 68 por ciento de los médicos de atención primaria de toda la Comunidad para el 49 por ciento de la población. Además, tiene el 73 por ciento de los centros de salud y existen 706 tarjetas sanitarias por cada médico, frente a las 927 del entorno urbano. Para la Junta, defendió, el compromiso es mantener las urgencias nocturnas en todos los centros sanitarios del mundo rural para que atiendan a la población de los consultorios locales y garantizar «la sostenibilidad y la solvencia».
La ciudad de Valladolid fue ayer el lugar de concentración de jubilidados, funcionarios y vecinos de Las Arribes para hacer oír sus reivindicaciones. Las federciones de jubiliados y pensionistas de UGT y CC OO de Castilla y León protestaron contra la no revalorización de las pensiones ante la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Valladolid. Los empleados públicos y los vecinos de Las Arribes hacían lo propio a las puertas de la Cortes de Castilla y León.
