El proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, unas 161.000 en Castilla y León, sorteó ayer, con el respaldo del grupo mayoritario, el PP, la enmienda a la totalidad planteada por el grupo socialista, que asegura que consolida los ajustes, y que también apoyó el grupo mixto. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, sostuvo ante el pleno de las Cortes que esta norma supone un avance en el desarrollo del Estatuto de Autonomía, y persigue posibilitar una mayor autonomía personal y calidad de vida en cada caso, supera el modelo asistencial e incide en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad. El proyecto de ley, que consta de 76 artículos y tiene una dotación de 155 millones de euros anuales, no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad, sino aglutinar en una norma regional todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico.

Además, según ha referido Marcos, busca que todos esos derechos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, integración sociolaboral, participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida. La enmienda a la totalidad defendida por el procurador del grupo socialista Jorge Félix Alonso ha tenido como referente el informe del Consejo Consultivo en el que se recoge que esta norma «más que reconocer derechos o establecer garantías señala objetivos a políticas públicas de manera vaporosa o escasamente concreta cuando no reitera normas anteriores».

El procurador socialista plateó que «consolida los recortes que se están haciendo» en este sector, supone «un retroceso» en lo recogido en la ley de accesibilidad y tiene «un claro sesgo político», sin referencia alguna a leyes como la de la dependencia o la lengua de signos aprobadas con gobierno del PSOE.