El informe «Impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia», elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, constata que la mayor parte del desfase entre reducción de fondos estatales y las medidas de ahorro autonómicas en esta materia recaerá en Madrid y Castilla y León, con un saldo negativo entre recortes y ahorros de 26,73 y 21,56 millones, respectivamente, por el escaso margen de maniobra que tienen por su apuesta por los servicios y su agilidad en la tramitación de expedientes. El documento destaca que las medidas de ahorro en dependencia de las autonomías españolas supondrán 305,7 millones de euros, que no son suficientes para soportar los recortes estatales.
En concreto, el informe cifra el recorte a Castilla y León en esta materia por parte del Gobierno en 28,2 millones de euros, es decir, un 27,42 por ciento de reducción sobre la financiación estatal de 2011, frente a un descenso medio para el conjunto de las autonomías del 23,02 por ciento. El análisis afirma que las medidas adoptadas por el Gobierno «hacen el sistema absolutamente insostenible y dejan a las autonomías sin margen de maniobra».
