07 de julio de 2012
07.07.2012

Siete familias de Castilla y León pierden su vivienda cada día

Una media de siete familias al día pierde su vivienda en Castilla y León por no poder pagar su hipoteca. Si la tendencia continúa se superarán las 2.293 ejecuciones de 2011

08.07.2012 | 03:24

Se levantan todos los días con la realidad de que algo ha cambiado en muy poco tiempo. La felicidad de comprar un piso dio paso a la oscuridad en la que se ha convertido su existencia desde el momento en el que perdieron su casa por no poder pagar la hipoteca, cuando la crisis irrumpió en sus vidas. Así ocurre cada día con siete familias en Castilla y León, un ritmo que de continuar contribuiría a superar las 2.293 ejecuciones de 2011.

Dos de ellos son Julio García y Sara Pérez. Estos vallisoletanos se casaron hace tres años y decidieron adquirir una vivienda en La Flecha, para lo que solicitaron un préstamo algo superior a los 100.000 euros, por el que debían hacer frente a una cuota mensual de unos 580 euros. Pero la situación se complicó y no pudieron pagar durante varias mensualidades, por lo que la entidad prestamista, Caja Madrid, les informó del desahucio, que se ejecutó hace casi un año: "Sólo queremos que nos dejen en paz. Que se queden con la casa, pero que no nos persigan ni amenacen".

Por eso, consideraron que lo más oportuno era optar por un alquiler, el cual ahora tampoco pueden hacer efectivo por falta de liquidez, aunque les gustaría negociar una unificación de la deuda que mantienen con Provilsa (empresa pública de alquiler de la Junta), que supera los 3.000 euros, con otras que han acumulado en estos años.

Entre lágrimas y con voz entrecortada, Sara sostiene que su vida se ha convertido en una búsqueda continua de oportunidades. En este año no ha cejado en la lucha. No se quieren quedar en la calle cuando no tengan dinero para afrontar el alquiler. Por ello piden un trabajo para ella que les dé para vivir y salir de esta situación que, para más inri, les ha costado desavenencias con la familia de él, que no los ha ayudado "en ningún momento. "No me aceptan, cuando yo no les he hecho nada", asume resignada Sara.

La dureza de este último año se observa en sus caras, desgastadas tras ir de un lugar para otro en una disputa por no ser unos ´sin techo´. Su llamada desesperada a la dación en pago pretende evitar la reclamación de una parte importante de los más de 100.000 euros que la entidad prestó, una vez que ya se han quedado con el inmueble.

El tiempo pasa, pero no pierden el optimismo. Ella cree que conseguirán la dación y confía en encontrar un trabajo para lo que sea. Aún así, no todo termina ahí. "Nos quedamos sin casa. Embargan la nómina a mi marido, con lo que no podemos levantarnos de esta situación. Y encima Caja Madrid dice que acudirá a los juzgados", señala Sara (29 años) entre lágrimas, al recordar una de las peores escenas que ha "vivido como persona". "Nos echaron de la sucursal y nos acusaron de insultarlos". Un día, el director de la oficina los vio con una bolsa de comida y en tono irónico les dijo "que encima con bolsitas". "¿Qué pretenden, que no comamos?", se cuestionan justo en un momento de su vida en el que están pidiendo ayuda al Ceas, algo que nunca imaginaron.

Julio, de 46 años, critica la ayuda millonaria a la banca "mientras familias enteras se desangran y no llegan a final de mes". "Son auténticas catástrofes", murmura con la cara desencajada, rodeado de unas paredes y unos muebles que no son los suyos. Solo demandan que se les escuche. Solo tienen una esperanza, fomentada gracias al Movimiento 15M de Valladolid, en el que han confiado: "Esperamos que nos aprueben la dación en pago con Caja Madrid".

"Que me rescaten a mí"

Estos vallisoletanos forman parte de un desafortunado elenco de deudores de Castilla y León forzados a abandonar su morada. En las mismas se encuentra María Pérez, de Zamora. Se quedó embarazada en 2008 y, poco después, en paro. La situación se agrava cuando, medio año después, su marido también pierde el trabajo. "Yo tenía un contrato indefinido pero los tres meses primeros eran de prueba y me quedé sin él. Mi marido se quedó sin empleo, debiéndole 5.000 euros la empresa para la que trabajaba y ahí empezó el problema", explica. "Empezamos pagando 607 euros al mes pero, como el Euribor fue subiendo, llegamos a pagar 800 euros y ya no podíamos, porque recibíamos unos 950 del paro", añade.

María y su marido conformaban una pareja como cualquier otra, con la salvedad de que sus ingresos llegaron a ser más que considerables con sus respectivos sueldos en el sector de la construcción y como comercial. Ese nivel de ingresos no hacía presagiar que las cosas llegaran a empeorar tanto y lo que explica que optaran por meterse en una hipoteca a 30 años que podían hacer frente con holgura de un piso en el centro de Zamora. "Entraban buenos sueldos en casa y nunca vivimos por encima de nuestras posibilidades", puntualiza.

Como suele ocurrir con casi todos estos episodios, el de María y su marido contiene algunos aspectos sorprendentes para el ciudadano de a pie, que suele desconocer lo que dice la ley en estos casos. "Me acerqué al banco, intenté hacer una dación en pago pero antes de ir a tasármelo, Caja Madrid nos lo denegó y nos dijeron que bajáramos el precio de la venta del piso y que lo que nos quedara por pagar me hacían una quita del 50 por ciento", detalla. "Aceptamos, bajamos el precio, lo pusimos en venta y cuando encuentro el comprador, ya me habían cambiado las llaves, lo habían subastado, hecho la toma de posesión y sacado todas las cosas a la calle", se queja con amargura, bajando la cabeza y apunto de echarse a llorar mientras se acuerda.

En la actualidad, esta joven de apenas 30 años y su hija viven, "gracias a Dios porque, si no, estaríamos en la calle", en una propiedad de sus padres mientras esperan que la situación se aclare. "Todavía no me han dicho el dinero que debo. En el juzgado me dicen que vaya al banco; en el banco, que vaya al juzgado. Aún me aparece en Hacienda como que esa casa es mía y no la ocupo desde 2008. En enero de 2010 hicieron la toma de posesión", cuenta. "Gracias al abogado de la Plataforma de Afectados por Hipoteca ya tengo el procedimiento en mis manos y puedo certificar que esa casa no es mía".

María, que hoy cobra los famosos 426 euros a los que tiene derecho y recibe la ayuda de su madre, su suegra y su cuñada, se muestra firme y piensa llegar hasta el final con el proceso. "Voy a luchar contra Bankia para que se digne a negociar una dación en pago por las irregularidades o marcharme del país y dejar aquí la deuda y que se la coman ellos. No voy a poder pagar ni a corto ni a largo plazo los 150.000 euros que me piden y que suben día a día por los intereses de demora", espeta. "Que me rescaten a mí", concluye.

Por lo que se refiere al sufrimiento, María lamenta que la gente piense que "no has pagado porque no has querido" y destaca la "lucha interior", constante. "Bankia no va a poder conmigo", asegura. "La niña crece, hace preguntas y esto lo sabe muy poca gente de la familia porque no quiero contarlo hasta que se solucione".

En caída libre

No es muy diferente el escenario narrado por la vallisoletana María Jesús Carrera. En la última década ha pasado de tener una vida casi envidiable a sufrir ahora el acoso bancario. Cuando trabajaba como comercial inmobiliaria durante la burbuja del sector, su sueldo era alto, como ella misma reconoce. Por eso, adquirió un piso en el barrio de Las Delicias, tasado en 200.000 euros, por lo que contrató una hipoteca con Banesto, que más tarde refinanció más barata con la UCI, del Santander, por valor de 180.000. Y de golpe, la burbuja estalló, se quedó sin su empleo, vinculado de forma sarcástica al sector de la vivienda, y se vio incapaz de pagar las cuotas.

"Les dije que no podía pagar porque por la crisis inmobiliaria empecé a cobrar 700 euros y la letra era de 726, y me dijeron que no me preocupara, que llevara lo que fuera teniendo. Les llevaba mil euros una vez, 500 otra?", y todo eso ahora no consta en ningún lugar", lamenta visiblemente emocionada, mientras uno de sus hijos, de no más de dos años, juguetea a su alrededor. En diciembre de 2009 la entidad la obligó a abandonar su casa.

Tras entregar su vivienda y haber pagado ya durante un tiempo, refinanció la deuda, que se estableció en 50.000 euros, a pagar hasta 2030. Aún así y teniendo en cuenta que ahora no trabaja, la ayuda social es de 400 euros, frente a los 344 de la cuota, con lo que el resto es lo que "queda para vivir", por lo que presume de ser también "economista, porque no es fácil cuadrar esas cuentas". Por suerte, tiene el apoyo de su madre, quien no dudó en ofrecer una casa que tiene en Cigales para entrar a vivir con su novio y sus dos hijos. "No solo nos deja su casa, sino que además nos paga todos los gastos", dice, mientras observa el reloj, dado que en breve sale el bus hacia el pueblo del alfoz y no pueden perderlo porque con el dinero que tienen "no llegaría para un taxi".

Pide un trabajo "casi en lo que sea", pero mientras, para estar activa, está apuntada como voluntaria en la Cruz Roja. Uno de los aspectos que lamenta de su nueva vida es el de la amistad. Prácticamente todos aquellos que decían ser sus amigos ahora no están a su lado, pero ella no le da importancia. "Tengo la mente fría y el día que me recupere no estará con los que han faltado, está claro", asiente con lógico rencor.

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