La consejera de Hacienda y Función Pública, Pilar del Olmo, anunció ayer que la Junta trabaja en la extinción de tres empresas públicas y una fundación dentro del plan de reestructuración del sector público comprometido por el Gobierno regional. Se trata de las empresas Apacale, Ade Financiación y Sotur y la Fundación ADEuropa. En todo caso, destacó que Castilla y León es la comunidad con el menor sector público de España, motivo que sin embargo no impedirá que ese recorte llegue a la región para reducir el número de entidades y el coste en los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) de 2012.
Del Olmo señaló que este plan se aplicará «sin prisa pero sin pausa» y recordó que la Junta únicamente puede actuar sobre aquellas empresas en las que tiene más de un 50 por ciento de capital social, es decir, que en Castilla y León asciende a siete sociedades mercantiles y una decena de fundaciones.
La consejera respondió así a una pregunta oral formulada por la procuradora socialista Ana Redondo, quien acusó a Del Olmo de «coger el rábano por las hojas» y aunque reconoció que Castilla y León no es la región con más fundaciones, se preguntó si la comunidad «puede asumir» gastos como las 17 delegaciones internacionales de Excal o solapamientos entre delegaciones territoriales y diputaciones provinciales. «Hay que tener sentido común, porque mientras se impone a los ciudadanos la dieta de la lechuga, la Junta no se la aplica. Defendemos el autonomismo útil, pero para los ciudadanos, no para el PP», concluyó.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció también que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Castilla y León y obliga al Gobierno central a pagar una cantidad cercana a 70 millones de euros a la Junta derivados del periodo de cogestión de seis meses de la sanidad en 2002, durante las transferencias. Con esta noticia, Del Olmo destacó que son exigentes con ejecutivos centrales del PP y del PSOE frente a las acusaciones de los socialistas de que «ahora a Rajoy no le piden tanto como a Zapatero», tampoco los más de 724 millones recurridos ante el Tribunal Constitucional de los Presupuestos de 2011.
El recurso fue esclarecido posteriormente por el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien recordó que se trata de una cantidad que la Junta recurrió porque, en el periodo de cogestión, entre enero y junio de 2002, el Gobierno de Aznar liquidó unas cantidades de meses anteriores que luego pretendía endosar al Ejecutivo regional, que ascendían a 53,5 millones, de los que 35,6 corresponden a gasto farmacéutico, 8,19 a personal y 9,64 a bienes y servicios.
Mientras, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió ayer en las Cortes las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy por entender que en «75 días» dan más credibilidad para un repunte de la economía que las adoptadas por el anterior Ejecutivo socialista en los últimos cuatro años, mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, acusó al Ejecutivo autonómico de ir «ahora como mansos gatitos» cuando antes «iban como leones» a Madrid.
