El Consejo Económico y Social (CES) avala la decisión de la Junta de implantar la tarifa autonómica en determinados hidrocarburos -conocido como «céntimo sanitario»- ante la necesidad de incrementar los recursos públicos de Castilla y León en el actual contexto de consolidación presupuestaria, pero pide que se refuerce el carácter finalista de este gravamen para su dedicación a la prestación del servicio de asistencia sanitaria de la comunidad y que se tomen medidas para que no sea retroactivo a 1 de enero de 2012.
El órgano consultivo se manifiesta así en su informe previo, al que ha tenido acceso Ical, sobre una de las novedades del anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Fiscales, presentado el pasado 30 de diciembre por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el objetivo de que entre en las Cortes a finales de este mes y el «céntimo sanitario» y los tributos medioambientales puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2012. El CES manifiesta «su comprensión» a la implantación de este impuesto, operativo ya en nueve comunidades, aunque reconoce que en ninguna de ellas se llega al tope máximo de gravar en 4,8 céntimos la gasolina y gasóleo, excepto el utilizado por el sector agrícola y para calefacciones, como ha propuesto la Junta en su texto que acompaña a los presupuestos. Por ello, alerta de que se refuerce el carácter finalista para que una posible sustitución estatal de este impuesto -central pero de decisión autonómica- por un «recargo» sobre hidrocarburos se consolide en el ordenamiento de la comunidad como un tipo impositivo condicionado a la sanidad. Además, cree necesario que la Junta adopte las medidas para que el incremento de precios de los combustibles no se adelante -«como parece que está sucediendo»- a su entrada en vigor y con efectos retroactivos al 1 de enero de 2012. En cuanto a la creación de dos tributos propios, por primera vez, vinculados al medio ambiente, el CES ve adecuado que el «Impuesto sobre daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por parques eólicos y por instalaciones de energía eléctrica» se llame «Impuesto por afección medioambiental», si bien valora el equilibrio en el sujeto objeto del gravamen. Sin embargo, solicita que en los presupuestos se recoja en el capítulo de gastos los programas individualizados que se van a financiar con los recursos de los nuevos impuestos.
