La Junta de Castilla y León pelea, a unas semanas de la presentación de las cuentas de 2011, que se le paguen «al menos» 200 millones de euros del modelo de financiación porque con los actuales fondos comunicados por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que dirige la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, no se cubre la educación y la sanidad, servicios cuyo gasto supera los 5.000 millones.

«Tenemos un frente abierto para que paguen lo que se debe», afirmó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante una rueda de prensa en la que presentó un estudio sobre «La vida en la frontera con Portugal», en la que avanzó los problemas para cuadrar el presupuesto de 2011, debido a la reducción de recursos por parte del Gobierno para la reducción del déficit público.

Del Olmo, con esos datos, sentenció que el modelo de financiación autonómica «está muerto y es un engaño para los ciudadanos», dado que no cubre ni mejora los servicios públicos esenciales, que era uno de sus objetivos. No obstante, se mostró prudente y explicó que no dan «nada por cerrado» y esperan que se pueda mejorar los ingresos, en la negociación que su departamento mantiene con el Ministerio de Salgado. Entre las posibilidades para aumentar los ingresos, la consejera señaló la posibilidad de adelantar fondos del marco europeo e incidir en los impuestos propios, al tiempo que recordó la posibilidad de endeudamiento, si bien sostuvo que es un recurso limitado al que se debe acudir en momentos excepcionales y para inversiones. Por ello, recalcó que la Junta exige el pago de los 200 millones antes de tener que acudir a la deuda. Otra de las propuestas, realizada por el Gobierno de Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan aplazar la devolución de la deuda diez años. Del Olmo criticó que el Gobierno no respete en sus cuentas públicas para 2011 el límite que se ha marcado de endeudamiento, dado que propone un 4,3 del Producto Interior Bruto (PIB) sobre la previsión del 2,3 por ciento, pero a las comunidades sí se las exige que no superen el 1,3 por ciento de su PIB.

«Uno tiene la impresión de que el Gobierno hizo un primer recorte de las prestaciones en mayo y ahora será el segundo», opinó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien advirtió de la «asfixia» a las instituciones.