Valladolid

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, informó ayer, tras el Consejo de Gobierno, de que la Junta facilitará el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias que las empresas y las familias tienen con la Administración regional, con un máximo de hasta 18.000 euros, sin la necesidad de que los solicitantes tengan que aportar garantías, como hasta ahora -mediante hipotecas o prendas-, y con la única condición, para el caso de las actividades y los autónomos, de que mantengan el empleo, «que es la prioridad absoluta del Ejecutivo».

Así, la consejera señaló que el plazo máximo para aplazar la deuda de 18.000 euros es de 36 meses, si bien, de ahí para abajo se puede llegar hasta los cinco años, en función de las cantidades solicitadas. De hecho, dijo, hasta 6.000 euros los ciudadanos pueden pedir un aplazamiento de deudas no tributarias sin garantías, y hasta 18.000, un aplazamiento de las deudas que proceden de los tributos. Esta nueva regulación incrementará la concesión de aplazamientos y fraccionamientos, ya que se incrementan las posibilidades tanto para aportar garantías distintas del aval bancario como para conceder exenciones en la aportación de garantías. Además, se simplifica la documentación que deben presentar los deudores a la Administración.

Por encima de estos importes «es necesario, de forma general, prestar garantía mediante aval bancario». «Dados los problemas de los operadores económicos para ello, se simplifica el procedimiento a través de modelos sencillos y se permite que puedan aportar otro tipo de garantía, como prenda o hipoteca, valorando el mantenimiento del empleo», manifestó la consejera.

Del Olmo recordó que esta medida es fruto de la comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado día 12 de marzo en las Cortes, donde anunció una serie de iniciativas para mejorar la liquidez de las familias y empresas ante la crisis económica y financiera. Al respecto, recordó también la dirigida a mejorar la liquidez de los constructores de obra pública, que cobrarán de la Administración regional en un menor periodo de tiempo.

En el mismo Consejo de Gobierno se dio luz verde al Proyecto de Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León que, por primera vez en el ámbito estatal, comprenderá a todos los estamentos públicos de la Comunidad, y supondrá la creación de tres nuevos órganos, las comisiones Autonómica de Publicidad Institucional y de Evaluación y Seguimiento de la TDT, y el Consejo Audiovisual. El objetivo del Gobierno autonómico es que el texto se tramite por el procedimiento de urgencia en las Cortes para que sea aprobado antes de que finalice el actual período de sesiones, señala un comunicado.

Garoña, una central «segura y necesaria»

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, confió ayer en la seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tras la parada no programada registrada anoche y consideró que se trata de una planta «segura y necesaria» para Castilla y León. De Santiago-Juárez recordó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deberá emitir un informe positivo o negativo en junio para otorgar una prórroga a la central, y avanzó que si el mismo es afirmativo, la Junta «lo apoyará al máximo para que esa extensión del funcionamiento de la central sea efectivo».

El Consejo de Gobierno aprobó también ayer, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, un acuerdo por el cual se concede al escritor Miguel Delibes Setién la Medalla de Oro de Castilla y León. El portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez explicó que la distinción se entregará en el lugar y el momento que escoja Delibes. Miguel Delibes Setién es el autor vivo «más universal» de Castilla y León, señala un comunicado, en el que se remarca que «son innumerables los méritos que atesora». Por último, las cuatro universidades públicas de la Comunidad recibirán 933.430 euros de la Junta para financiar la inclusión de nuevos recursos electrónicos e informáticos en sus bibliotecas. Gracias a este acuerdo del Consejo de Gobierno, la Universidad de Burgos recibirá 82.045 euros, la de León, 114.149; la de Salamanca, 258.618; y la de Valladolid, 478.618.