Valladolid

La Junta de Castilla y León creará una entidad pública para ejercer la tutela de las personas mayores de edad que estén incapacitadas legalmente y en situación de desamparo en los supuestos encomendados a la Administración y previa encomienda de los jueces.

La procuradora del PP Angeles Armisén lo ha dado por hecho al comprobar que ayer las Cortes de Castilla y León han aprobado, con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley en la que se insta a la Administración autonómica a crear esta entidad.

Armisén aseguró que la evolución en los últimos años del número de personas que precisan de esta tutela legal y la complejidad de los casos han motivado la iniciativa, que se concretará en el presente ejercicio, según la propuesta del PP.

Por su parte, la procuradora socialista Inmaculada Larrauri ha denunciado el retraso de la Junta de Castilla y León para desarrollar esta necesaria estructura pública, ya que su inexistencia ha provocado que surjan entidades privadas que ejerzan esta labor para beneficiar a las personas que tienen suspendida su capacidad legal.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular aprobó ayer en solitario una proposición no de ley a través de la que las Cortes pedirán al Gobierno central que incremente la dotación del Fondo Estatal de Integración de Inmigrantes ante la crisis.

De este modo y como explicó la procuradora popular Paloma Sanz, solicitarán también la creación de un instrumento «ágil» de cooperación con Castilla y León que permita a ésta administrar y distribuir las cantidades que se le asigne en el mencionado fondo de «forma autónoma y flexible».

Durante su intervención ante la Cámara, Sanz destacó que la crisis económica afecta especialmente a los inmigrantes, por lo que, a su juicio, es imprescindible garantizar una adecuada atención a los mismos.