Valladolid

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha «de inmediato» tres tipos de medidas dirigidas a aumentar la liquidez de las empresas que realicen obra pública en la Comunidad y que se prolongarán durante este año y el siguiente para dar respuesta a la crisis económica. Así lo anunció ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras el encuentro que mantuvieron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la máxima responsable de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Isabel de Blas, para dar a conocer estas medidas que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno de la semana pasada.

En concreto, esas medidas son fruto de las negociaciones del grupo de trabajo creado, a propuesta del propio Herrera, para agilizar los trámites de las empresas que optan a las obras públicas y mejorar la liquidez de las empresas de la construcción. La primera medida es la eliminación de las garantías provisionales porque, cuando una empresa quiere acudir a un contrato con la Administración tiene que poner una garantía del tres por ciento del total del presupuesto. Con esta decisión, que la permite la Ley de Contratos, se pretende, según explicó la consejera, que las empresas se liberen del riesgo y se simplifique los trámites administrativos.

La segunda de las medidas es la reducción a la mitad del plazo de devolución de la garantía definitiva por parte de la Administración. Así, según señaló, una empresa cuando termina una obra hasta ahora existía un plazo de 60 días para la devolución de la citada garantía, mientras que ahora la Junta lo reintegrará en el plazo de un mes.

No obstante, la medida más efectiva a juicio de Pilar del Olmo es la reducción también de los plazos en el cobro de las certificaciones por parte de la empresa y de la Administración. Así, el periodo que establece la Ley de Morosidad para hacer efectivo el pago es de 60 días, mientras que con esta nueva medida la compañía tendrá la cuantía en tres días.

Por otro lado, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reclamó ayer un gran acuerdo nacional para salir de la crisis, basado en un pacto social, un acuerdo político con apoyos parlamentarios y un consenso territorial, y todo ello bajo el liderazgo del Gobierno. También aseguró ayer que espera que el actual vicepresidente tercero del Gobierno tenga «la sensibilidad de descubrir no sólo las circunstancias que beneficien a Andalucía o Cataluña».