Castilla y León se sitúa ante el reto de la dependencia

Más de 600 personas pertenecientes a diversos colectivos sociales con especial interés en el tema como son asociaciones de personas mayores, asociaciones de personas con discapacidad, colegios profesionales, corporaciones locales, expertos en la materia y asociaciones de mujeres participaron en un encuentro con el que el Gobierno regional quiso contribuir fundamentalmente a que la sociedad de Castilla y León conozca la realidad de las personas dependientes y sus expectativas, que haga aportaciones y conozca también cómo puede afectar a la región el Anteproyecto de Ley de Dependencia, tanto para el conjunto de la Comunidad como para sus propios derechos individuales y su vida cotidiana.

En este sentido, la región -por sus características y por la calidad de sus servicios sociales- tiene mucho que decir, puesto que, según datos del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma por dotación de plazas residenciales (6,1 por ciento, frente a un 3,7 por ciento de media nacional) y la cuarta región que más presupuesto dedica, en términos absolutos, a la dependencia (246,5 millones de euros en 2004, según el Libro Blanco del Ministerio, sólo por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades autónomas con mucha más población que Castilla y León).

Plenas garantías. En la jornada intervinieron, entre otros, el presidente de Cermi Castilla y León, Luis Mayoral; el presidente de la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, Marcial Fuentes, y el director de la Revista Júbilo, Rafael Navas, entre otros, que expusieron sus propuestas para mejorar la normativa.

Asimismo, la jornada fue inaugurada por la consejera de Familia, Rosa Valdeón, y clausurada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien pidió que la atención a la dependencia se incluya en el ámbito de la Seguridad Social con plenas garantías y que ocupe la «misma posición jurídica» de la que hoy goza la prestación sanitaria, con plenas garantías de derecho para el ciudadano, algo que, desde su punto de vista, no incluye el Anteproyecto de Ley de Promoción y Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que el Gobierno central someterá a debate en próximas fechas en el Congreso de los Diputados.

Herrera también abogó porque la normativa dé mayor capacidad a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, unos «poderes públicos muy próximos a los ciudadanos, cuyo esfuerzo y cuya importancia en esta materia no tiene un reconocimiento» en el actual texto, indicó, para resaltar que, sin ellos, sería imposible contar con un tejido de protección social que alcanzase, en el caso de Castilla y León, el «extenso territorio».

En este sentido, incidió en que la Ley sea básica, porque este tipo de normas incluyen el papel de las corporaciones locales en el campo de su regulación, en este caso en el de la dependencia, y porque vendría a dar «seguridad jurídica y garantías de igualdad a los cientos de ayuntamientos de la Comunidad que colaboran en prestar este servicio».

Financiación. Por lo que respecta a la financiación, el presidente de la Junta se mostró preocupado por su sostenibilidad, puesto que la aportación estatal no está fijada en la Ley, tan sólo en una memoria económica que «no tiene fuerza normativa»; el sistema de reparto por medio de «convenios bilaterales» con cada una de las comunidades autónomas «no es el más adecuado» y la aportación inicial es «claramente insuficiente».

En este punto, Herrera manifestó que lo «lógico» es que haya un reparto común para todas las autonomías en función de unos criterios, lejos de ejemplos recientes debidos a la distribución por acuerdos bilaterales. En concreto, se refirió a la distribución de 50 millones de euros en la materia en el año 2005, de los que el Gobierno destinó el 36 por ciento a una única región, según expuso el presidente.

El debate sobre la nueva Ley es, a juicio de Herrera, «necesario», más aún cuando la región cuenta con una tasa de envejecimiento del 23 por ciento, superior en seis puntos a la media nacional.

En busca de «la mejor ley»

En este mismo contexto, durante la inauguración de la jornada de debate Castilla y León ante el reto de la dependencia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón, destacó que el objetivo de la jornada fue, en última instancia, lograr «una buena ley, la mejor ley» para la población de la Comunidad, de modo que se garantice sus derechos «individuales y en su vida cotidiana».

Además, para Valdeón no se puede retroceder cuando la Junta de Castilla y León «lleva años haciendo un esfuerzo importante para afrontar este reto», lo que avaló con datos: la región, según el Libro Blanco de la Dependencia en España, es la cuarta que más presupuesto dedica a estos fines; la cobertura de centros residenciales es del 6,1 por ciento, frente al 3,7 por ciento del conjunto de la nación; la dotación de centros de día alcanza el 72,88 por ciento de cobertura, mientras que en el resto del país es del 48,49 por ciento, y los servicios conjuntos de ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día para dependientes y centros residenciales alcanzan una tasa del 12,13 por ciento, por encima de la nacional del 9,4 por ciento.