Somacyl deberá devolver la jornada y antigüedad a un trabajador de la ETAP de Benavente y Los Valles

La Sección de lo Social número 2 del Tribunal de Instancia de Zamora ha declarado injustificada la modificación sustancial de condiciones laborales aplicada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) a un trabajador subrogado que prestaba servicio en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sitrama de Tera, ordenando la reposición íntegra de las condiciones económicas y de jornada que tenía antes del cambio empresarial. La sentencia analiza con detalle el alcance de la subrogación y los límites que impiden alterar unilateralmente las condiciones consolidadas de la plantilla transferida.

El trabajador, con categoría de oficial de primera, antigüedad desde octubre de 2013 y centro de trabajo en Benavente, desarrollaba su actividad en la ETAP de Sitrama de Tera, instalación gestionada por la empresa cedente, Acuaes, antes de la transferencia.

La relación laboral pasó a depender de Somacyl el 1 de abril de 2026, tras una comunicación de subrogación entregada el 26 de marzo en la que se indicaba expresamente que "se respetarán sus condiciones laborales y económicas consolidadas" y que la naturaleza del contrato no se vería alterada. Este compromiso resulta determinante en la resolución judicial.

Sustitución del convenio estatal

El conflicto se inicia cuando Somacyl decide aplicar su propio convenio colectivo, sustituyendo el convenio estatal del ciclo integral del Agua, que regía la relación laboral del trabajador. La empresa procede a suprimir el complemento de antigüedad y a reducir la jornada anual de 1.712 horas a 1.687,85 horas, medidas que el trabajador impugna como modificación sustancial de condiciones de trabajo. Somacyl defendió que la adaptación retributiva generaba incluso mejoras económicas, aportando cálculos de incrementos futuros y ajustes de jornada, pero el juzgado considera que estas propuestas no pueden sustituir derechos consolidados.

La sentencia recuerda que el VII Convenio Estatal del Ciclo Integral del Agua mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y que continúa prorrogado automáticamente hasta que sea sustituido por otro del mismo ámbito. Por ello, la empresa cesionaria debe seguir aplicándolo a la plantilla subrogada mientras dure su vigencia, sin que la adaptación de conceptos salariales pueda suponer una merma económica o laboral. El tribunal subraya que la coexistencia de dos convenios en la empresa es perfectamente posible hasta que finalice la vigencia del convenio estatal.

El tribunal concluye que la medida aplicada por Somacyl constituye una modificación sustancial no justificada, al alterar elementos esenciales como la jornada y la retribución, y ordena restituir al trabajador las condiciones previas a la subrogación. Esto incluye la aplicación del convenio estatal del agua, el abono del complemento de antigüedad y la jornada vigente antes del cambio de gestión empresarial.

La resolución cita jurisprudencia consolidada que establece que la subrogación empresarial obliga a respetar únicamente los derechos “realmente existentes en el momento de la integración”, sin afectar a expectativas futuras. Asimismo, recuerda que la integración salarial no puede imponer condiciones globalmente menos favorables a los trabajadores transferidos, criterio reforzado por doctrina europea que impide que la sustitución inmediata de un convenio por otro genere perjuicios económicos o laborales.