La Fiscalía de Castilla y León archiva la denuncia de IU sobre la situación sanitaria en Benavente

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia presentada por Izquierda Unida de Benavente contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos y otros posibles responsables, al considerar que los hechos expuestos sobre el funcionamiento de la sanidad pública en la comarca carecen de indicios suficientes para iniciar una causa penal.

La resolución, firmada el 17 de junio de 2026 por el Fiscal Superior Santiago Mena Cerdá, analiza la denuncia registrada el 4 de mayo por el concejal Manuel Burón García, quien atribuía a decisiones político‑organizativas de la Junta los retrasos asistenciales y carencias sanitarias en Benavente y Zamora.

El Ministerio Público detalla que la denuncia incluía una extensa relación de problemas en la sanidad pública, como demoras de hasta quince días para ser atendido por el médico de familia en Benavente, esperas de tres semanas en los centros urbanos, consultas rurales atendidas solo una o dos veces por semana y listas de espera hospitalarias muy superiores a la media autonómica en especialidades como Traumatología, Neumología o Urología.

Un larga lista de problemas

También se mencionaban carencias de personal médico, plazas vacantes en Atención Primaria, la presencia de facultativos sin especialidad, averías reiteradas del TAC del Hospital de Benavente y la reducción de frecuencias de consulta en el Centro de Especialidades de la ciudad. IU sostenía que estas decisiones podían constituir un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

La Fiscalía subraya que su actividad investigadora solo puede dirigirse a hechos que presenten inicialmente carácter delictivo y que la denuncia de IU se orienta a "concienciar" sobre la necesidad de más medios en la sanidad pública, una función que "nos está proscrita", según recoge literalmente la resolución. El Ministerio Público recalca que no puede sugerir ni opinar sobre la gestión de medios públicos, competencia exclusiva de las autoridades políticas y administrativas, y que la denuncia incorpora enlaces a noticias periodísticas que, por sí solos, no permiten abrir una investigación penal.

La resolución recuerda que "no basta con la mera remisión de noticias" para iniciar diligencias, ya que ello supondría una "investigación prospectiva", prohibida por el Tribunal Supremo, consistente en buscar si existe algún delito sin contar con indicios objetivos previos.

El decreto concluye que "no existe delito susceptible de ser investigado" y acuerda el archivo de las diligencias al no apreciar "datos suficientes para estimar la existencia de infracción penal". La Fiscalía notifica la decisión al denunciante y le informa de su derecho a reproducir la denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, órgano competente para causas contra aforados.

Reacción de IU

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha expresado su valoración tras conocer la resolución, señalando que la Fiscalía "no entra en el fondo del asunto" y que remite la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La formación destaca que el Ministerio Público afirma que no puede pronunciarse sobre cuestiones que puedan ser objeto de crítica política, social o cultural, algo que IU interpreta como una limitación estructural del ámbito penal frente a problemas de gestión pública.

IU afirma que "no esperábamos mucho más" al tratarse de una denuncia dirigida contra el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad, y califica la iniciativa como "un deber cumplido" pese al archivo. La organización subraya que la Fiscalía menciona los enlaces a noticias de prensa aportados, pero "nada dice del resto de datos" incluidos en la denuncia, ni de los enlaces al portal oficial de Sacyl, que —según IU— son verificables y contrastables.

La formación compara la actuación de la Fiscalía con la decisión del juez Peinado en el caso de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, recordando que aquella se admitió a trámite pese a basarse "solo en recortes de prensa". IU destaca la "diferencia" entre ambos criterios y concluye su comunicado reafirmando su compromiso con la defensa de la sanidad pública en Benavente.