Imponen 32.670 euros de multas coercitivas a la propiedad del antiguo bar "El Ventorrillo" en Benavente

El Ayuntamiento benaventano ha dictado una resolución definitiva de imposición de 32.670 euros de multas coercitivas a la sociedad Movel Castro LVI, propietaria del antiguo bar "El Ventorrillo" tras constatarse el incumplimiento de la orden de ejecución dictada en agosto de 2025 que imponía actuaciones urgentes en el inmueble debido a su estado de deterioro.

La orden de ejecución exigía la consolidación de la estructura de la cubierta del edificio, incluyendo la sustitución o refuerzo de los elementos que no garantizasen su estabilidad, así como la limpieza y recolocación del material de cobertura para impedir la entrada de agua al interior.

El mandato municipal también requería la reparación del alero y del revestimiento de fachada con materiales equivalentes a los existentes, con el fin de recuperar las condiciones de ornato del inmueble. El coste estimado de las actuaciones ascendía a 27.000 euros más IVA, y debía aportarse un certificado de seguridad y salubridad una vez finalizadas.

Notificación caducada

Como alternativa a las obras, la propiedad podía optar por la demolición del edificio, previa presentación del proyecto de derribo y del compromiso de dirección facultativa. La notificación inicial de la orden caducó en agosto de 2025 y posteriormente fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En enero de 2026, un informe de la Policía Local volvió a constatar el deterioro del inmueble, lo que motivó la apertura del expediente de multas coercitivas. A este informe se sumaron un informe jurídico emitido en marzo y diversas actuaciones administrativas, entre ellas la anulación de una liquidación previa y la recepción de alegaciones en mayo.

La resolución definitiva impone a la entidad titular una primera multa de 3.267 euros, advirtiendo de que la persistencia en el incumplimiento conllevará la imposición automática de nuevas multas coercitivas del mismo importe, hasta un máximo de diez, lo que suma los 32.670 euros.

En caso de mantenerse la falta de ejecución, el Ayuntamiento podrá recurrir a la ejecución subsidiaria, cuyo coste deberá ser asumido íntegramente por la propiedad, sin descontar las cantidades recaudadas mediante multas coercitivas. Se da la circunstancia de que las condiciones del inmueble, que habían obligado a vallar la acera peatonal, se han extendido en los últimos días hasta parte del carril de la avenida, lo que obliga a ralentizar el tráfico en este tramo de la ciudad.