IU denuncia ante la Fiscalía regional el "deterioro sanitario" en Benavente

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Burón, actuando en representación de la formación, ha presentado ante la Fiscalía de Castilla y León una denuncia en la que solicita investigar la posible comisión de un delito vinculado a la gestión sanitaria, señalando como responsables al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, y a quienes pudieran resultar implicados en las decisiones que afectan al Área de Salud de Zamora.

La denuncia sostiene que los centros de Atención Primaria de Benavente acumulan retrasos de hasta quince días para ser atendidos por el facultativo de referencia, una situación que, según el documento, compromete la seguridad de los usuarios y afecta especialmente a una población envejecida.

Detalla igualmente que la Atención Primaria en la Zona Básica de Salud continúa en deterioro, con demoras que pueden alcanzar tres semanas en Medicina de Familia y Pediatría, mientras que en consultorios rurales la presencia médica se limita a una o dos veces por semana o incluso al mes, obligando a desplazamientos forzosos hacia centros ya saturados.

Trescientas camas operativas

La denuncia expone que, pese a que el Complejo Asistencial provincial dispone de seiscientas camas, solo algo más de trescientas están operativas, una situación que se repite en los últimos años y que afecta a la capacidad asistencial del sistema sanitario.

Afirma también que la planificación autonómica ha generado una situación de precariedad para profesionales y pacientes, al no garantizar una asistencia adecuada conforme a los estándares de calidad, accesibilidad y tiempos máximos establecidos en la normativa estatal y autonómica.

La denuncia incorpora los tiempos máximos de acceso a intervenciones, consultas y pruebas diagnósticas fijados en la normativa autonómica, comparándolos con los datos oficiales del Área de Salud de Zamora, donde especialidades como Traumatología, Neumología o Urología superan ampliamente los plazos, alcanzando cifras como 304 días en Traumatología o 236 días en Urología.

Señala que en Benavente las pruebas diagnósticas presentan esperas de cinco meses para una ecografía, dos años para una resonancia, entre seis meses y dos años para una gastroscopia y hasta dos años para una colonoscopia, lo que evidencia desigualdades entre áreas sanitarias de la Comunidad Autónoma.

También recoge que en Atención Primaria existen decenas de plazas vacantes, muchas de ellas cubiertas por profesionales sin la especialidad correspondiente, lo que afecta a la continuidad asistencial. En Benavente, los centros de salud acumulan siete vacantes entre sus equipos.

IU añade que la falta de especialistas obliga a Medicina Interna a asumir pacientes derivados a otras áreas como Neurología o Neumología, y que más de veintidós mil usuarios están en lista de espera para una primera consulta con el especialista, concentrando la provincia aproximadamente un tercio del total autonómico.

En este contexto refiere la pérdida progresiva de servicios en el Centro de Especialidades de Benavente, donde consultas como Urología han pasado de ser diarias a realizarse una vez por semana, mientras que otras especialidades han reducido su frecuencia por falta de profesionales en el Complejo Asistencial provincial.

El escrito incorpora un listado de averías reiteradas del TAC del Hospital de Benavente, que han obligado a derivar pacientes a otros centros durante semanas, con múltiples incidencias registradas entre febrero y abril de 2026, lo que ha generado un notable impacto en la actividad diagnóstica.

La denuncia menciona resoluciones del Procurador del Común relativas a demoras prolongadas en Urología y Endocrinología, así como la previsión de retrasos en revisiones de pacientes oncológicos por déficit de efectivos en el servicio de Oncología Médica provincial.

Concluye que el incumplimiento de los tiempos máximos de atención en Primaria y Especializada responde a decisiones organizativas que pueden retrasar diagnósticos y tratamientos, empeorar pronósticos o poner en riesgo la vida de los pacientes, afectando también a su actividad laboral y bienestar psicológico.

Finalmente, la denuncia recuerda que el presupuesto autonómico de sanidad para 2024 ascendió a más de cuatro mil ochocientos millones de euros y fue prorrogado en 2025, y solicita que la Fiscalía determine si las decisiones adoptadas por la administración sanitaria autonómica pudieran constituir un delito de prevaricación administrativa.