Vistos para sentencia tres casos de oposición al intento de desahucio de un fondo buitre en Benavente

El Tribunal de Instancia número 2 de Benavente ha celebrado tres vistas correspondientes a piezas separadas de ocupante de inmueble en oposición, abiertas después de que varios inquilinos se negaran a abandonar sus viviendas tras los lanzamientos promovidos por el fondo buitre Wedverville Spain SL.

En los tres casos, aunque con diferentes matices, los residentes han presentado contratos de arrendamiento en vigor y justificantes de pago, lo que ha obligado al juzgado a examinar la validez de esos títulos frente al nuevo propietario. La jueza ha escuchado a las partes y dictará resolución en los próximos días.

Uno de los procedimientos más significativos es el de Cristiana Iuliana Lupu, enfermera rumana de 60 años, cuyo caso ya había trascendido públicamente en enero. Su abogado, Marco Antonio Furones, ha aportado en la vista el contrato de arrendamiento firmado el 5 de agosto de 2024 con la sociedad Storage New Space SL, gestora designada por la anterior propietaria de los inmuebles. La inmobiliaria local que actuó como intermediaria compareció en la sala y ratificó la validez del contrato, acreditando que fue suscrito conforme a la normativa y dentro del periodo previo a la adjudicación del edificio al fondo Wedverville.

Pagos acreditados

El abogado de la inquilina ha presentado también los justificantes de pago de las rentas, incluidos los correspondientes a los dos últimos meses. Según la defensa, el fondo intentó devolver el dinero a la arrendataria después de que el lanzamiento previsto para el 5 de febrero no pudiera ejecutarse debido a la oposición formal de la inquilina, lo que motivó la apertura de la pieza separada. La devolución de las rentas, sostiene la representación legal, buscaba cuestionar la existencia del contrato y la condición de arrendataria de la residente.

En la vista se ha incorporado además el empadronamiento de Cristiana, que padece discapacidad del 49% y movilidad reducida. La afectación que ha tenido para ella el corte del ascensor del edificio, inoperativo desde el 31 de diciembre hasta que de repente volvió a funcionar, forma parte de lo ocurrido antes de la primera oleada de lanzamientos en el bloque. Este hecho la dejó durante días sin posibilidad de salir de su vivienda, impidiéndole acudir a citas médicas y obligando a recibir atención sanitaria en su domicilio, según informó este periódico.

Wedverville Spain SL compareció en la vista mediante un abogado sustituto, que mantuvo la oposición al reconocimiento del contrato y defendió la validez del procedimiento de lanzamiento. El fondo sostiene que los contratos firmados con la anterior gestora no son oponibles a la adjudicataria, extremo que deberá valorar la jueza en su resolución.

Los tres procedimientos se enmarcan en una situación que comenzó a hacerse pública el 21 de enero, cuando se conoció el caso de la enfermera y de otros vecinos afectados por la inminencia de desahucios pese a pagar sus alquileres. Posteriormente, el 27 de enero, el juzgado dio cinco días al fondo para justificar el lanzamiento , al considerar que no se había identificado adecuadamente a los ocupantes con título válido. Finalmente, el 5 de febrero, durante la primera oleada de lanzamientos, varios inquilinos se opusieron y el juzgado abrió piezas de oposición como las que ahora se han visto en sala.