El Procurador del Común reprocha "excesivas" demoras en el Centro de Especialidades de Benavente

Dos resoluciones del Procurador del Común de Castilla y León en el mes de enero sobre el funcionamiento del Centro de Especialidades recomiendan a la administración sanitaria regional que se refuercen las medidas que sean necesarias para agilizar las listas de espera y evitar que los ciudadanos se vean sometidos a tiempos de espera excesivos para acceder a una consulta de atención especializada. También reclama a la Consejería de Sanidad que mejore la información ofrecida a los pacientes tras resolver dos quejas por demoras prolongadas en consultas del Centro de Especialidades de Benavente, correspondientes a los servicios de Urología y Endocrinología.

Una de estas quejas es la de una paciente que esperó un año y cinco meses para ser atendida en la consulta de Urología, desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025. El Procurador concluye que la respuesta ofrecida "no responde a las razonables expectativas de recibir una asistencia sanitaria adecuada en tiempo y, por tanto, de calidad", y subraya que "una excesiva demora en obtener una asistencia sanitaria no se corresponde con el derecho de la ciudadanía a una buena administración".

En relación con esta queja, el órgano autonómico advierte de que los pacientes sometidos a esperas prolongadas "pueden ver interrumpida, durante ese período, la efectividad del derecho a la protección de la salud", y remarca que "nada puede justificar las excesivas demoras", pese a las medidas adoptadas para reducir las listas de espera.

De forma paralela, el Procurador del Común resolvió otro expediente relativo a la consulta de Endocrinología. La resolución atiende la queja de una paciente citada once meses después de la solicitud realizada por su médico de Atención Primaria. En este caso, además del retraso asistencial, se reprocha a la administración que, tras más de seis meses de espera, la afectada solo recibiera "una contestación administrativa genérica" y recuerda que los pacientes tienen derecho a recibir una información clara y personalizada "que facilite datos reales de las demoras y la programación de citas".

Ambas resoluciones recomiendan agilizar las citaciones, evitar retrasos injustificados y garantizar respuestas rápidas y eficaces. La Consejería de Sanidad tendrá ahora que comunicar si acepta o no las recomendaciones.